Proponen recuperar viviendas abandonadas en Matamoros
La diputada local Elvia Eguía Castillo solicitó a través de una iniciativa de Punto de Acuerdo, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para que realice un censo actualizado de las viviendas abandonadas en el municipio de Matamoros; Determine su situación jurídica, física y administrativa; y Diseñe e implemente un programa integral de recuperación, regularización y reutilización de dichas viviendas, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.
La acción Legislativa es para que el Congreso del Estado de Tamaulipas emita una solicitud respetuosa al INFONAVIT, a fin de que:
Informe el número total de viviendas abandonadas en Matamoros; Precise cuántas de ellas se encuentran en condiciones de ser rehabilitadas y habitadas;
Detalle su situación jurídica (adjudicadas, en litigio, recuperadas,
Exponga los programas existentes o previstos para su recuperación; Establezca mecanismos de coordinación con autoridades estatales y municipales y
Diseñe esquemas transparentes de reasignación dirigidos a familias de escasos recursos.
Esta acción legislativa no invade competencias federales, sino que se inscribe dentro de los principios de colaboración y coordinación entre órdenes de gobierno.
Informó Elvia Eguía Castillo, que en el estado de Tamaulipas, y particularmente en el municipio de Matamoros, se presenta una paradoja alarmante: miles de viviendas se encuentran abandonadas, mientras amplios sectores de la población carecen de acceso efectivo a una vivienda adecuada.
Diversos diagnósticos señalan que en Tamaulipas existen más de 200 mil viviendas deshabitadas, de las cuales una proporción significativa se concentra en Matamoros, convirtiendo a este municipio en uno de los casos más críticos a nivel nacional.
Sostuvo que el derecho a una vivienda adecuada constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de las personas y las familias, al ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos como la salud, la seguridad, la educación y el bienestar social.
“Sin embargo, pese a los esfuerzos institucionales, en diversas regiones del país persiste un fenómeno estructural que contradice el espíritu del mandato constitucional: la existencia de miles de viviendas abandonadas, deterioradas o desocupadas, particularmente en desarrollos financiados con recursos públicos o esquemas de seguridad social.
La problemática de la vivienda abandonada en México no es reciente ni aislada, sino que constituye un fenómeno estructural derivado de diversos factores económicos, sociales y de planeación urbana que han sido identificados y atendidos de manera parcial por distintas instancias del Estado mexicano”, mencionó.
Asimismo, el INFONAVIT opera bajo su propia ley reglamentaria, la cual le otorga facultades para:
Otorgar créditos para la adquisición, construcción o mejora de vivienda;
Administrar los recursos del fondo de vivienda de los trabajadores, e Implementar programas de recuperación de cartera y vivienda.
Reconoció que la Legislación vigente también permite la recuperación de viviendas abandonadas o adjudicadas por incumplimiento de pago, lo que abre la posibilidad jurídica de su reutilización social mediante esquemas de reasignación.
A pesar de ello, en la práctica se observa una brecha entre la norma y su implementación, evidenciada por la acumulación de viviendas deshabitadas que no cumplen su función social.
Estas viviendas, que en su origen fueron concebidas como soluciones habitacionales para trabajadores, hoy representan:
• Espacios deteriorados y sin mantenimiento;
• Focos de inseguridad y vandalismo;
• Pérdida de valor urbano y patrimonial, y
• Desarticulación del tejido social comunitario.
Por lo que las causas de abandono son diversas, entre ellas:
• Incumplimiento en el pago de créditos;
Falta de servicios públicos adecuados;
• Ubicación periférica o desconectada;
• Problemas de seguridad, y
• Viviendas nunca habitadas o entregadas.
“Lo más preocupante es que, mientras estas viviendas permanecen inutilizadas, existe un amplio sector de la población en condiciones de vulnerabilidad que carece de acceso a una vivienda adecuada.
Esta contradicción evidencia una falla en la eficiencia del sistema de vivienda, así como una oportunidad clara de intervención pública.
El abandono de viviendas no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural con múltiples consecuencias, por ejemplo, en lo social un incremento en la percepción de inseguridad, fragmentación del tejido comunitario, y afectación a la calidad de vida de los habitantes cercanos.
Por lo que en el entorno económico hay una desvalorización del patrimonio inmobiliario, pérdida de inversión pública y privada y costos adicionales para gobiernos municipales en vigilancia y mantenimiento”, explicó.
