La flojera es mala consejera…
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Por la salud de la administración pública, el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, debe ser separado de su encargo.
La razón es simple, su flojera o inoperancia (lo que usted considere) estuvo a punto de meter en un brete a la administración de Américo Villarreal al no enterarse de una propuesta legislativa que pretendía crear un ente censor de la prensa, lo cual va en contra de toda legislación internacional y nacional en la materia.
Rómulo en realidad es una figura de ornato, su pomposo nombramiento en el gobierno estatal no lo desempeña ya que prefiere andarse promocionando como prospecto a la alcaldía de Victoria o, ya de perdido, a una diputación, aunque mal acostumbrado a estar en dos o tres nóminas hasta quisiera competir por ambos cargos y desempeñarlos al mismo tiempo.
Mire, una acción ocurrida en un evento público en el Congreso del Estado exhibe el trabajo de este alto funcionario del gobierno, no lo querían dejar entrar al recinto porque ni siquiera lo reconocían, ahí se notó a la perfección cómo desempeña ese encargo, si es que algún día lo ha tomado en serio.
Ya sé que Rómulo salió a atacar con todo la propuesta de reformas a la ley para crear ese ente censor de la libertad de expresión, y que hasta quiso pasar como defensor de la prensa libre al emitir un pronunciamiento sobre la misma, el problema es que su trabajo era que esta clase de iniciativas no se presentaran, porque además no es nada nueva, según cercanos a la legisladora que la leyó en el pleno tenía más de seis meses trabajándose y que el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno no pudiera enterarse de ello es un pecado mortal.
La administración de Américo Villarreal Anaya no puede pasar a la historia como represora; al contrario, ha sido respetuosa, y en exceso, de los medios de comunicación, eso se agradece, también por ello el afán de evitar que la percepción sea en contrario.
Usted dirá, en defensa de Rómulo, que su tarea es cabildear las propuestas del gobierno, y tendrá razón, pero también dentro de sus funciones es estar atento a esa clase de iniciativas, evitar que se presenten al pleno sin consensos, porque debe anular una mala percepción de la administración de su jefe. No olvide que nadie cree que los diputados se mandan solos.
Mire, a fuerza de ser sinceros, muy pocos piensan que lo que se hace en el Congreso tiene origen en el trabajo de los legisladores. es más, nadie piensa que los diputados trabajen, no lo digo yo, lo dicen las encuestas y es una percepción casi general, por eso Rómulo debía hacer su chamba, para evitar todo el problema que se creó con la presentación de esa iniciativa, hoy conocida como Ley Comaye.
Por lo demás, ya casi es un hecho que la iniciativa será desechada pronto.
La prensa quiere ver que se elimine esa amenaza, es decir, pero no bastará con que la congelen, sino que deben dictaminarla para tirarla al cesto de la basura en un acto de buena voluntad.
También hay que resaltar que la diputada Cynthia Jaime Castillo hizo lo que pocos logran, unir a la prensa en un solo sentido, todo el mundo periodístico comenzó a atacar la amenaza sobre la libertad de expresión, y vaya que es rara una situación así en un mundo donde la exclusiva y los egos mantienen en constante competencia a los miembros de un gremio.
Igual, le insisto, el respeto a la libertad de expresión tiene origen en la esquina principal de Palacio, de eso se ha dejado constancia, por lo que deben evitarse malos entendidos.
Lo que sigue, si es que en verdad el Congreso pretendió apoyar a los periodistas, como lo dicen, es que su presidente y demás miembros construyan una iniciativa que permita por fin la asignación de recursos para la capacitación de la prensa, también para que los viejos periodistas no sigan muriendo en la pobreza, y no le hablo de un sistema de dádivas, sino que sea capaz de encontrar dónde quedaron las cuotas al IMSS, Infonavit y demás fondos de pensiones que debieron pagarse por las empresas, y, si existiera más voluntad que eso, buscar recursos para que los propios reporteros hagan esfuerzos que les permitan pensiones dignas a la hora de su retiro o de quedarse sin empleo.
Vaya pues, podrían por lo menos comenzar con todo lo que incluía la propuesta de reforma, excepto la creación del colegio de periodistas, ya sé que se vería muy chato y casi inútil, pero sería una señal de reconciliación y respeto.
Para concluir, la flojera es mala consejera, por lo que de verdad se debe poner sobre la mesa el análisis a fondo del trabajo de Rómulo Pérez antes de que le haga daño a una administración que no ha hecho otra cosa que tratarlo excesivamente bien y sin merecerlo, el gobierno de Américo Villarreal, por sus actos, permite inferir que nunca ha pensado en golpear al periodismo, menos en censurar la libertad de expresión, y mucho menos a quienes ejercen esta actividad con su nombre y apellido como respaldo, por ello no está bien que, por la flojera de un funcionario, se haya pasado por todo un huracán nacional que pudo haberla involucrado en algo que no es realidad.
AVANZA REFUNDACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN TAMAULIPAS CON MEJORES SALARIOS Y NUEVA INFRAESTRUCTURA: AMÉRICO… La refundación del Poder Judicial en Tamaulipas es una realidad y los resultados son positivos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien reiteró todo su respaldo para fortalecer un sistema judicial que permita que la justicia llegue a tiempo y tribunales que colaboren en un combate sin tregua a la impunidad, “que impere un estado de Derecho pleno”, dijo.
Al presidir la ceremonia de honores en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia, frente al monumento a Benito Juárez y acompañado por la magistrada presidenta Tania Contreras López, el gobernador destacó la nivelación salarial que impacta al 85% de las y los trabajadores del Poder Judicial, con incrementos que van desde el 22% hasta por arriba del 100% en algunas posiciones que estaban muy rezagadas.
También se refirió a la construcción del edificio principal de la nueva ciudad judicial, una sede de poco más de 6,500 metros cuadrados, diseñada específicamente a sus requerimientos y en la que este año se licitarán trabajos por 125 millones de pesos para su adecuación final de obra civil y el equipamiento necesario.
“Creemos en ustedes y estamos de acuerdo en que atender con humanismo y equidad el compromiso asumido de reducir la brecha salarial es, por supuesto, un acto de justicia y una condición necesaria para el éxito de la refundación del Poder Judicial”, expresó.
Agregó que este esfuerzo colaborativo significa una inversión anual de 117 millones de pesos y tiene el propósito de alcanzar los objetivos propuestos al impulsar la reforma histórica a nuestra Constitución, buscando que la justicia llegue a tiempo, para que haya tribunales que protejan al débil, se castigue el abuso y se restablezca la confianza hacia las y los juzgadores.
Al dar la bienvenida, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, reconoció que este avance es fruto de una visión compartida de Estado que orienta y da sentido a la transformación, bajo el liderazgo, sensibilidad social y compromiso del gobernador Américo Villarreal con la dignificación del servicio público. “Hoy queda claro que cuando hay visión, conducción y voluntad política, las instituciones avanzan y la justicia se acerca verdaderamente a la gente”, indicó.
Tania Contreras hizo un amplio recuento de los logros alcanzados en el nuevo Poder Judicial y mencionó que el 100% de los asuntos en segunda instancia han sido resueltos, asegurando justicia oportuna y certeza jurídica; además, se ha regularizado el 100% de los procedimientos iniciales en materia penal sin detenido fuera de plazo y en los juzgados se aumentó en un 42% el ritmo mensual de resoluciones, lo que refleja una mayor eficiencia y compromiso con la ciudadanía.
En la ceremonia también estuvieron presentes: Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Sergio Arturo Ojeda Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Isidro Jesús Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia; Gerardo Martínez Andrade
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