“Un veneno cultural”: experto advierte que la comida ultraprocesada rebasa a la ley

Ciudad Madero, Tamps.- El debate sobre la comida chatarra en México —frecuentemente reducido a prohibiciones escolares y ajustes fiscales— es, en realidad, un problema cultural profundo que desborda el alcance de las normas actuales. Así lo sostiene el doctor Francisco Castañeda Cruz, secretario de la organización civil Acción con Sentido, quien advierte que el consumo masivo de refrescos y productos ultraprocesados opera como una adicción socialmente aceptada que alimenta una crisis de salud pública.

En entrevista, el especialista afirma que las disposiciones de la Secretaría de Salud para restringir la venta de comida chatarra en planteles educativos, aunque bien intencionadas, resultan insuficientes frente a un entorno dominado por la oferta comercial. “El niño sale de la escuela y a media cuadra encuentra lo mismo”, señala. El problema, insiste, comienza antes: en casa.

Para Castañeda Cruz, la normalización del refresco en celebraciones infantiles es un síntoma de una transformación cultural impulsada por décadas de mercadotecnia global. “Una fiesta no es fiesta si no tiene refresco”, observa, al contrastar la escena con prácticas del pasado, cuando las aguas frescas de frutas de temporada eran la regla y no la excepción.

El especialista describe estas bebidas como productos con capacidad de generar dependencia. Subraya su alto contenido de azúcares y aditivos químicos, asociados a padecimientos como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares. En su diagnóstico, el incremento de precios o los impuestos especiales difícilmente modificarán hábitos arraigados. “El vicio es el vicio”, resume, al explicar que la demanda persiste incluso frente a costos elevados.

México figura entre los países con mayor consumo per cápita de refrescos en el mundo, y las estadísticas oficiales ubican a la diabetes y la obesidad entre las principales causas de enfermedad y mortalidad. En este contexto, el médico plantea que las políticas públicas deben trascender la regulación en escuelas y avanzar hacia estrategias de educación alimentaria sostenida, comenzando en el hogar.

“La cultura se establece desde casa”, insiste. Padres y madres, afirma, son el primer filtro frente a una industria que promueve productos altamente procesados como sinónimo de modernidad y estatus. La intervención gubernamental —añade— debe articularse en los tres niveles de gobierno y complementarse con campañas permanentes de concientización.

Castañeda Cruz va más allá y sugiere que la dimensión del problema exige acciones coordinadas a escala internacional para limitar prácticas comerciales que, a su juicio, han desplazado opciones tradicionales más saludables. Aunque su postura es frontal y polémica, el núcleo de su argumento apunta a un consenso creciente entre expertos en salud pública: sin un cambio cultural profundo, las leyes aisladas difícilmente revertirán tendencias epidemiológicas que presionan al límite a los sistemas hospitalarios.

Para Castañeda Cruz, el costo no es solo clínico. La carga financiera derivada del tratamiento de enfermedades crónicas representa miles de millones de pesos anuales para instituciones públicas. Fomentar hábitos saludables, concluye, no solo prolonga la calidad de vida, sino que constituye una estrategia de sostenibilidad económica para el Estado