Tamaulipas: Ley animal dividida entre lo urbano y lo rural

Ciudad Altamira, Tamps. – En un debate que pone en tensión los principios de equidad jurídica y las realidades socioculturales de una región predominantemente rural, la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, secretaria de la Comisión de Cohesión Social en la 66 Legislatura del Congreso de Tamaulipas, plantea una iniciativa para regular el uso de caballos por parte de carretoneros en zonas urbanas, dejando sin abordar, al menos por ahora, el uso tradicional de estos animales en zonas rurales como Altamira.

“La ley ya prohíbe que caballos jalando carretas transiten en zonas urbanas”, subraya la legisladora. “Pero entendemos que es un grupo vulnerable y los municipios no han actuado conforme a la norma. Por eso buscamos una solución que respete el reglamento y a la vez la dignidad de quienes viven de esta práctica”.

La entrevista revela que la regulación gira en torno a criterios geográficos más que sociales o económicos. La diputada reconoce que Altamira —municipio con más territorio rural que urbano— enfrenta una dualidad legal que no ha sido resuelta. Mientras que en las zonas urbanas se proyecta la eliminación paulatina del uso de tracción animal, en el campo se permite por su vínculo con las labores agrícolas.

Esto ha abierto un debate soterrado sobre la selectividad territorial de la ley: ¿puede hablarse de justicia social cuando el cumplimiento normativo varía según el código postal?

El plan legislativo contempla reunir a funcionarios estatales y municipales, así como a asociaciones de protección animal y a los mismos carretoneros, para consensuar una homologación del reglamento que permita una “transición digna” hacia otros medios de trabajo, como motocarros. Sin embargo, no existe aún una previsión presupuestaria formal para dicha transición.

“No podemos cargarle la mano a los municipios”, admite la diputada, quien propone que la sociedad civil participe en actividades de recaudación para financiar el reemplazo de carretas por vehículos motorizados. La Secretaría General de Gobierno ha ofrecido respaldo institucional, pero se desconoce el alcance y la temporalidad de dicho apoyo.

Uno de los puntos más delicados de la iniciativa es el destino de los caballos retirados del trabajo urbano. La propuesta inicial considera canalizarlos a un santuario que, de acuerdo con la legisladora, podría utilizarlos en terapias asistidas para niños con autismo u otras condiciones.

“Tenemos mucha esperanza de que podamos lograr algo positivo con ellos”, afirma Jaime Castillo.

Actualmente, solo 80 carretoneros en Altamira están inscritos en una asociación y, por tanto, formalmente regulados. Se desconoce cuántos operan fuera del marco normativo.

Esta falta de censos integrales evidencia la ausencia de una política pública robusta que aborde el fenómeno con perspectiva territorial, social y económica.

El debate no es menor: la línea que divide lo urbano de lo rural en Altamira no solo es geográfica, sino también económica, cultural y legal. Regular el uso de caballos únicamente en zonas urbanas sin atender el arraigo cultural y la precariedad económica del ámbito rural podría interpretarse como una medida cosmética más que estructural.

“La ley es clara”, insiste la diputada: se impide la tracción animal en zonas urbanas por razones de seguridad y bienestar animal. No obstante, al no extender la misma preocupación al uso de caballos en zonas rurales —donde muchas veces las condiciones son más precarias—, se deja abierta la posibilidad de una discriminación normativa por zona geográfica.

En este sentido, Altamira se convierte en una metáfora viva de un Estado que intenta modernizarse sin romper del todo con sus prácticas tradicionales. Una tierra donde la justicia, a veces, depende del lado del camino en el que uno viva.