Tamaulipas bajo control federal, la llegada de Pancardo “Escudero”

Tamaulipas, frontera caliente, laboratorio de violencia y tablero de pactos inconfesables. La reciente designación del General de División Retirado Carlos Arturo Pancardo Escudero como nuevo secretario de Seguridad Pública en el estado podría parecer, desde la óptica del discurso institucional, un movimiento técnico y programado para “dar continuidad” a la estrategia estatal. Pero quienes conocen el pulso interno de la seguridad en México saben que este tipo de nombramientos raramente son solo eso.

La llegada de Pancardo —con la bendición directa de la Presidencia y el respaldo del poderoso operador nacional Omar García Harfuch— no es una decisión neutral. Es, en esencia, una jugada de alto nivel para intentar desactivar una bomba de tiempo: la descomposición institucional de la seguridad pública en Tamaulipas, enmarcada por redes de complicidad, impunidad y corrupción que han cooptado a sectores de la Guardia Estatal y que dejaron expuesta a la administración de Américo Villarreal.

Porque si bien el gobernador insiste en que Tamaulipas es “uno de los estados más seguros del país”, las cifras no logran borrar los hechos: detenciones arbitrarias, desapariciones no esclarecidas, extorsión institucionalizada en retenes y una ciudadanía que se siente más vigilada que protegida. El caso más emblemático es el del funcionario de IMSS Bienestar detenido por elementos estatales con supuesta portación ilegal de armas y dinero; un episodio que motivó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que hasta ahora permanece sepultado bajo el manto del sigilo oficial.

Aquí es donde aparece la figura del general Pancardo como “Escudero” —como bien señala su apellido— no del pueblo, sino del sistema. Un operador leal, discreto y formado en la vieja escuela militar, quien ha sido colocado no para transformar radicalmente la estructura, sino para hacer “limpieza controlada”, contener filtraciones y restaurar el orden interno sin tocar las piezas clave del rompecabezas.

Es decir: un fusible con uniforme, una figura decorativa con historial honorable, pero cuyo margen de maniobra está constreñido por compromisos invisibles con el centro del poder. La “Operación Enjambre” —coordinada desde los círculos de Harfuch y ejecutada en silencio desde mayo— fue la antesala. En ella se removieron mandos corruptos y se realizaron detenciones quirúrgicas, pero no se tocó la médula: el sistema de protección mutua entre mandos policiales, operadores políticos y estructuras criminales que sobreviven gracias a su capacidad de mimetizarse en la legalidad.

El problema no es sólo de quién llega, sino de qué se espera de él. Las loas sobre la trayectoria de Pancardo ocultan el hecho de que Tamaulipas necesita algo más que experiencia militar. Requiere un rediseño institucional, un proceso de rendición de cuentas y —sobre todo— romper con la lógica de seguridad como espectáculo. Porque aunque el gobernador presuma “coordinación plena con la Federación”, en el Congreso local se discute el regreso de las policías municipales: una demanda legítima de autonomía que resucita el viejo agravio de 2004, cuando por un “supuesto” convenio —forzado desde el Ejecutivo— se extinguieron las policías municipales, violando el artículo 115, fracción VII,

inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que otorga al municipio la facultad de manejar su propia seguridad pública.

Hoy, dos décadas después, el debate regresa no por capricho ideológico, sino por una razón elemental: la Guardia Estatal, creada en 2023, no ha generado la confianza ciudadana que prometía. Su actuar ha oscilado entre el exceso de fuerza y la falta de resultados. Su estructura vertical y su carácter militarizado han inhibido cualquier lógica de proximidad social.

Por eso, la designación de un militar al frente de la seguridad pública no representa un cambio de fondo. Es más bien una forma de reforzar la lógica de control, jerarquía y opacidad que caracteriza a las estructuras armadas en México. El mensaje entre líneas es claro: en Tamaulipas se opta por reforzar la disciplina, no la democracia.

Y mientras tanto, los expedientes se acumulan. Se habla de auditorías internas, de expedientes “dormidos” en Seguridad Pública Estatal que pronto verán la luz. Pero esto, de nuevo, huele más a purga selectiva que a justicia institucional. Porque cuando se elige al “Escudero” del poder, no es para que pelee por los ciudadanos, sino para custodiar los intereses de quienes gobiernan, y blindar las zonas grises de un sistema que se resiste al cambio.

Las próximas semanas serán clave. Si las investigaciones avanzan, si los mandos cuestionados son realmente sancionados, si se abren las puertas a una policía de proximidad con base municipal, entonces Pancardo habrá superado su papel de custodio del statu quo. De lo contrario, su paso por la Secretaría de Seguridad será solo otro capítulo más en la larga historia de simulación en Tamaulipas: una historia escrita con tinta de sangre, pactos soterrados y silencios cómplices.

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