Segundo periodo de gobierno de Armando Martínez y los primeros nueve meses de su gestión

La administración de Armando Martínez Manríquez en su segundo periodo al frente de la administración en Altamira ha transitado hacia un modelo de gestión pública que desborda las formalidades del artículo 115 constitucional. En lugar de limitarse a funciones estrictamente municipales, el gobierno local ha asumido con visión de Estado competencias prácticas en materia de desarrollo urbano, bienestar social, infraestructura pública y cooperación intermunicipal, abordando temas que históricamente se delegaban al ámbito estatal o federal. Este despliegue de acciones corresponde a una lectura progresista del marco constitucional, donde la proximidad territorial no significa acotamiento jurídico, sino responsabilidad política ante la ciudadanía.

Puesto que en este segundo mandato (2024-2027), iniciado en octubre de 2024, se ha caracterizado por una reconfiguración del papel del municipio como garante activo de derechos. En nueve meses, la administración ha convertido las herramientas jurídicas del orden constitucional —especialmente los artículos 3º, 4º, 25, 26 y 115— en fundamentos operativos para una agenda de transformación real. El discurso del “cómo sí” se ha traducido en políticas públicas tangibles, medibles y alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS ) de la Agenda 2030. Esta articulación entre marco normativo, responsabilidad institucional y planificación prospectiva coloca a Altamira como un referente nacional.

Mientras que con la rendición de cuentas constante mediante las denominadas “mañaneras” municipales —ya con 199 ediciones consecutivas— refuerza un modelo de comunicación política directa, horizontal y responsable. Esta práctica “innovadora” -retomadas del expresidente, Andrés Manuel López Obrador- consolida una relación de confianza con la ciudadanía, que no solo es informada, sino también convocada a participar y a exigir. En ese tenor, el tercer informe trimestral, presentado este lunes 28 de julio, se refleja como una bitácora de logros, retos y proyectos en ejecución que se sostienen sobre tres pilares: justicia social, participación ciudadana y sostenibilidad.

En este análisis de “enfoque sociopolítico”, se desglosan los cinco ejes estratégicos de dicha administración: Desarrollo Urbano, Bienestar Social, Infraestructura Pública, Colaboración Intermunicipal y Crecimiento Económico. En cada uno, se examinan los avances desde una perspectiva jurídico-legal y de políticas públicas, tomando como base la evidencia del informe municipal con una duración de más de dos horas y los marcos normativos que rigen el quehacer gubernamental.

En materia de desarrollo urbano, la administración municipal ha optado por una estrategia que conjuga innovación tecnológica, prevención del delito y justicia ambiental. La instalación

de alumbrado solar en 1.5 km de la carretera federal en Villa Cuauhtémoc —una vía que tradicionalmente se asumía como fuera de la competencia municipal— es un acto de intervención urbana con alto impacto en seguridad vial, cohesión territorial y percepción ciudadana. Puesto que esta obra no solo visibiliza el derecho a la ciudad en su dimensión más concreta, sino que se alinea con los principios del ODS 11: ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

A través de este tipo de intervenciones, Altamira redefine el sentido de la responsabilidad municipal. Ya no se trata de un gobierno de escritorio que argumenta la “incompetencia legal” para evadir compromisos, sino de un gobierno que se apropia del mandato constitucional para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. En un país como México y en la entidad tamaulipeca, donde muchas ciudades mantienen zonas oscuras más las comunidades rurales tienden a proyectarse como metáfora del abandono institucional, esta inversión en alumbrado autónomo representa un modelo de cómo lo local puede anticiparse a lo que es estructural, superando la lógica del “cómo no” que caracterizó a administraciones pasadas.

Por otra parte, en el rescate de espacios como el Estadio Altamira y la Isla de la Esperanza, así como la instalación de sistemas de riego y reforestación, materializan un desarrollo urbano centrado en el ser humano. Aquí no se persigue un urbanismo espectacular para la foto, sino una transformación progresiva de los espacios de convivencia. Se incorporan criterios de ecología urbana, salud mental comunitaria y accesibilidad, aspectos que suelen estar ausentes en la planeación convencional. En el enfoque postpandémico, recuperar los espacios públicos es también recuperar el tejido social.

En el tema del urbanismo desplegado en Altamira no se limita a la infraestructura visible. También se evidencia en la gestión del territorio, la recuperación de predios abandonados, el mantenimiento de drenajes pluviales y la regulación de asentamientos. Con estas acciones, aunque menos fotogénicas, resultan relevantes en la construcción de un entorno urbano funcional, resiliente y equitativo, conforme al artículo 26 constitucional que exige una planeación democrática del desarrollo nacional y local.

El artículo 4º de la Constitución garantiza el derecho a la salud, a la alimentación y a una vida digna. En este sentido, el gobierno de Altamira ha ejecutado una política social que va más allá del asistencialismo clásico, adoptando un enfoque territorial de justicia redistributiva. La entrega de más de 4 mil 600 apoyos alimentarios durante la contingencia por lluvias ocasionadas por la tormenta tropical “Barry”, así como el suministro de agua potable, combustible y kits de limpieza a comunidades marginadas, son medidas que evidencian una administración humanista con vocación operativa.

Más allá de las cifras, estas acciones hablan de una estrategia de bienestar centrada en la prevención y en la acción inmediata, donde el municipio asume, sin ambigüedades, la responsabilidad de proteger a sus habitantes. En coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Marina y la Guardia Nacional, Altamira demostró capacidad logística, articulación institucional y sensibilidad social. Esta

sinergia institucional es una forma de garantizar el cumplimiento del artículo 4º constitucional en los hechos y no solo en el discurso.

Un aspecto innovador es el programa de becas municipales para el idioma inglés; directamente relacionado con el artículo 3º constitucional, que consagra el derecho a la educación en condiciones de equidad. En el último trimestre, se entregaron apoyos a 3 mil 444 alumnos de todos los niveles, incluyendo maestría y doctorado, por un monto de más de 5.7 millones de pesos. Este esfuerzo por democratizar el acceso a la educación superior y técnica rompe con el patrón de exclusión estructural que margina a miles de jóvenes en lugares alejados.

Adicionalmente, se ha anunciado el fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés a través de clases sabatinas en colaboración con universidades del municipio. Esta política pública responde a una necesidad real del mercado laboral industrial, y además promueve la formación de capital humano competitivo. Hay que tener presente que en México se presenta una alta desigualdad educativa; por ello, garantizar el acceso al aprendizaje de lenguas extranjeras es una forma de cerrar brechas y de empoderar a los sectores populares.

Uno de los pilares más sólidos del actual gobierno municipal es la inversión estratégica en infraestructura pública, entendida como condición necesaria para el desarrollo humano. La inauguración de la planta de tratamiento de agua residual en “La Pedrera” con inversión superior a los 500 millones de pesos, así como el dragado de más de 813 mil m³ en el sistema lagunario, dan cuenta de una política hídrica articulada a los derechos ambientales de las futuras generaciones y al ODS 6: agua limpia y saneamiento para todos.

A diferencia de gestiones pasadas que argumentaban la falta de competencia municipal para intervenir en temas de infraestructura hidráulica, la administración actual ha hecho valer el principio de subsidiariedad, priorizando el interés colectivo. Esto se traduce en un liderazgo que no evade, sino que asume, la corresponsabilidad en la provisión de servicios públicos, tal como establece el artículo 115 constitucional en su fracción III. La inversión en plantas tratadoras, drenes pluviales, techumbres escolares y estaciones de bomberos refleja esta visión de infraestructura con rostro humano.

Particularmente resalta la renovación del cuartel de bomberos con más de 13 millones de pesos, después de años de abandono institucional. Esta obra dignifica a quienes arriesgan su vida en cada emergencia, y materializa el derecho laboral a condiciones de trabajo seguras. En este sentido, no solo es una inversión en infraestructura física, sino también en infraestructura moral e institucional, que fortalece la confianza ciudadana en sus servidores públicos.

La planeación estratégica se refleja también en la política educativa. La reforma curricular de la Preparatoria Tecnológica Municipal para incorporar nuevas carreras afines al sector industrial, así como la enseñanza obligatoria del idioma inglés en sus seis semestres, revelan una apuesta por la pertinencia educativa. El municipio se posiciona, así, no solo

como gestor de servicios básicos, sino como articulador del desarrollo integral de su población.

Uno de los mayores logros de esta administración ha sido posicionar a Altamira como un factor central en la articulación metropolitana. La cooperación con Tampico y Ciudad Madero ha generado una sinergia inédita en el sur de Tamaulipas (aunque en algún momento existió en el denominado “Sólido Sur”), superando rivalidades históricas. Esta alianza se inscribe en la idea de gobernanza colaborativa y responde a la urgencia de crear regiones funcionales, capaces de gestionar proyectos de gran escala como el Viaducto Tampico-Altamira, con inversión superior a los 6 mil millones de pesos.

Por tal caso, esta coordinación territorial también ha sido esencial para la seguridad en la zona Sur de Tamaulipas. La entrega de 10 patrullas por parte del municipio a la Guardia Estatal, sumadas a las 63 otorgadas por el Estado, han contribuido a mantener a la zona conurbada dentro del top 10 nacional en percepción de seguridad, según el INEGI. Este enfoque de seguridad regional demuestra que el artículo 115 constitucional, en su fracción VII, permite acciones conjuntas sin diluir responsabilidades.

La conmemoración conjunta del aniversario de Tampico y el fortalecimiento de los lazos históricos entre ambas ciudades son gestos simbólicos con efectos políticos concretos: legitiman el sentido de pertenencia regional y facilitan la planificación conjunta. En un entorno donde los municipios suelen competir por recursos, esta cooperación territorial ofrece un paradigma alternativo para la gestión pública en zonas metropolitanas.

En suma, la colaboración intermunicipal en Altamira no es palabrería, sino una política institucionalizada. Y representa un modelo replicable para otras regiones del país que enfrentan los retos de la fragmentación administrativa, la escasez de recursos y la competencia desleal entre municipios vecinos.

En el rubro económico, el municipio de Altamira ha sabido combinar atracción de inversiones, reactivación del espacio público y formación de capital humano. El impulso al aprendizaje del idioma inglés, las alianzas con universidades técnicas y la vinculación con sectores industriales revelan una administración enfocada en generar condiciones estructurales para el empleo digno y sostenible, como lo exige el artículo 25 constitucional.

La gestión del comodato del Estadio Altamira, transformado en un espacio de eventos internacionales, y la promoción del turismo deportivo, fortalecen el tejido económico a través del sector servicios. Estos proyectos fomentan el comercio local, generan empleo temporal y posicionan al municipio en el mapa de los destinos emergentes de la región noreste.

Además, la cooperación con la iniciativa privada para implementar sistemas de iluminación solar en corredores industriales es un ejemplo claro de cómo los gobiernos municipales pueden generar valor público desde esquemas de colaboración tripartita: sector público,

sector privado y sociedad civil. Estas iniciativas, cuando se alinean con la sostenibilidad ambiental y la seguridad ciudadana, multiplican su impacto social.

Por último, la participación de Altamira en foros regionales de planeación hidráulica y el seguimiento al “Semáforo del Cuidado del Agua” refuerzan la visión de un crecimiento económico basado en la resiliencia ecológica. El desarrollo, en este nuevo paradigma, ya no es sinónimo de expansión ilimitada, sino de bienestar distribuido, ambientalmente viable y territorialmente justo.

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