PRETENDEN INCLUIR APODOS EN BOLETAS DE ELECCIÓN JUDICIAL

No cabe duda que la elección judicial se ha convertido en un vergonzoso show, puesto que ahora pretenden incluir apodos o sobrenombres en las boletas que se utilizarán el próximo 1° de junio, luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) que aparezca como “la ministra del pueblo” con el propósito de conservar el cargo que tiene actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

         Aunque la señora Batres Guadarrama no es la única que ha externado su intención de aparecer con un apodo o sobrenombre para ganar simpatías entre las clases populares, resulta grotesco que utilice esta estrategia cuando se gasta 9 millones de pesos mensuales en el pago de disque asesores con cargo a la SCJN.

         “La ministra del pueblo”, como se promociona la señora Batres Guadarrama, requiere de 79 asesores para realizar su chamba porque no sabe nada de derecho ni mucho menos tiene la experiencia y capacidad en el ámbito judicial, pero lo más grave es que la mayoría de sus ayudantes son familiares y amigos de ella, que tampoco tienen la capacidad técnica para desempeñar alguna actividad en la SCJN.

         Otros candidatos buscan también aparecer con sus apodos o sobrenombres en las boletas de la elección judicial, entre los que se encuentra Marco Antonio Rojo Olavarría, quien pidió aparecer como el “Juez de la 4° T” o “Juez de AMLO”, en tanto que Arturo Yahir José Caridad Villegas solicitó aparecer como “Abogado del Pueblo”, además de Ángel Mario García Guerra, quien pretende aparecer como “El Ángel de la Justicia”.

         Dichas ocurrencias captaron la atención de cientos de usuarios de las redes sociales, entre los que se encuentra el conductor del programa “El Pulso de la República”, José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, quien francamente se pitorreo de las candidatas y de los candidatos que buscan aparecer con sus apodos o sobrenombres en las boletas de la elección judicial.

         Por otra parte, pero sin dejar el tema de candidatas y candidatos a la primera elección judicial en nuestro país, resulta que el Senado violó en forma flagrante la reforma judicial que realizaron antes de que López Obrador dejara la presidencia de la república.

         El caso que ejemplifica la manera fraudulenta que ha manejado el Senado la elección judicial se puede observar cuando corrigió en forma burda el error que cometió en la lista de candidatas y candidatos que envío al INE el pasado 12 de febrero, cuando concluyó el plazo legal del proceso.

         En esta lista no aparecieron las llamadas ministras de la 4° T, es decir la propia Batres Guadarrama, así como sus compañeras Loretta Ortiz Alfh y Yasmín Esquivel Mossa, por lo que el 16 de febrero envío la lista corregida a pesar de que ya había el plazo legal.

         “Una mano santa” movió todo el mecanismo para que las ministras de la 4° T pudieran participar en la elección del próximo 1° de junio, ya que legalmente no deberían de estar en las boletas de la elección judicial.

         En otro tema, llamó mucho la atención que la fracción de Morena en el Congreso Local que encabeza Humberto Prieto Herrera, haya anunciado una iniciativa para prohibir eventos que promuevan la apología del delito con música y las letras que incitan a la violencia, pero luego sin ninguna explicación decidieron dejarla para después.

         El diputado Eliphaleth Gómez Lozano fue el encargado de presentar la iniciativa del artículo 138 de la constitución local para prohibir que se promueva la apología del delito a través de la difusión de narcocorridos, sin embargo, no se concretó la reforma, hecho que provocó que surgieran varias especulaciones entre las que se encuentra que recibieron amenazas veladas del crimen organizado.

         También se habló que fueron presionados por parte de empresas disqueras, entre otras especulaciones, por lo que se requiere que los legisladores morenistas aclaren que sucedió para no realizar la reforma que prohibía promover la apología del delito a través de los narcocorridos.

         En otras entidades federativas han intentado también reglamentar la difusión de los narcocorridos, pero algunos grupos empresariales han externado que va en contra de la libertad de expresión.

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