Poder fáctico, simulación administrativa y omisiones legales en el gobierno de Mónica Villarreal

Tampico, Tamps.- En el entramado del poder público local, la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tampico ha pasado de ser una oficina de difusión gubernamental a convertirse en un centro de gravedad donde confluyen intereses personales, opacidad administrativa, simulación institucional y, recientemente, la sospecha de actos que podrían configurar responsabilidades administrativas e incluso penales.

Todo comenzó con la llegada de Rubén Echeverría Rodríguez a la Dirección de Comunicación Social, un perfil cercano a la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, hermana del gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. El nombramiento, aunque políticamente estratégico, no alcanzó a consolidarse: Echeverría Rodríguez falleció repentinamente a pocos días de haber asumido el cargo, lo que generó un vacío institucional que no fue cubierto conforme a los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad administrativa establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Desde entonces, la dependencia ha operado en una especie de interregno, en el que la titularidad formal no ha sido ejercida, pero sí ha existido un ejercicio fáctico del poder. De acuerdo con información recabada a través de fuentes extraoficiales, fue Florencio Fernández, esposo de la actual tesorera municipal, Silvia Santamaría Góngora, quien —sin nombramiento alguno y sin facultades legales para ejercer actos de autoridad— comenzó a autorizar facturas y montos importantes superiores a los 30 mil pesos por factura desde el área de comunicación, presuntamente sin contratos firmados por la propia alcaldesa ni aprobación del Cabildo.

Estas acciones, de comprobarse y de las cuales ya trabaja un auditor interno dedicado al tema, podrían configurar violaciones a los principios de legalidad, honradez y lealtad al servicio público previstos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de posibles actos constitutivos de desvío de recursos públicos o uso indebido de funciones.

Frente al caos institucional, el 23 de abril fue designado Miguel Garay Ávila como nuevo titular de la Dirección de Comunicación Social. Su llegada fue percibida como un intento por restablecer el orden jurídico y administrativo en la dependencia. Sin embargo, su gestión duró apenas unas semanas, a pesar de que la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya habría

prometido un restablecimiento positivo de la relaciones públicas. Según fuentes internas del ayuntamiento, Garay Avila se enfrenta a una estructura de poder informal, encabezada por la tesorera Silvia Santamaría Góngora, quien ha sido señalada como una operadora política cercana e incondicional a la presidenta municipal.

Garay Avila, imposibilitado para ejercer sus funciones por obstáculos internos, presentó su renuncia, -ayer 3 de junio, justo en su onomástico 70-, lo cual constituye no solo un fracaso institucional sino una omisión grave de la autoridad superior que debió garantizar condiciones para el adecuado ejercicio de la función pública.

La operación de la Dirección de Comunicación Social sin un titular con nombramiento formal, sumado a la injerencia de personas sin vínculo jurídico-laboral directo con la administración pública, configura una serie de posibles irregularidades que deben investigarse desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, pero también penal, en tanto pueda haber uso indebido de atribuciones, usurpación de funciones y malversación de recursos públicos.

Hay que considerar que, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental establecen con claridad la obligación de documentar, autorizar y justificar todo gasto público, lo que no ha ocurrido conforme al debido proceso administrativo. La omisión de la firma de contratos o la autorización informal de pagos representa un quebrantamiento del marco normativo que rige el uso del erario.

La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, tiene la responsabilidad directa —como superior jerárquico y representante legal del municipio— de garantizar que cada dependencia opere conforme al marco normativo. La ausencia de control efectivo, la tolerancia a poderes fácticos en el interior del ayuntamiento y la falta de transparencia en los procedimientos administrativos, no solo comprometen la legitimidad de su gobierno, sino que abren la puerta a la intervención de órganos de fiscalización y control, tanto estatales como federales.

Por tanto, el caso de la Dirección de Comunicación Social de Tampico no es un simple escándalo interno. Es, en términos técnicos, un posible ejemplo de captura institucional, donde el poder formal queda sometido a voluntades informales con capacidad de decisión, fuera del marco legal. Por ello, se podría señalar que este escenario, la “maldición” de Rubén Echeverría Rodríguez no parece sobrenatural: es la consecuencia de una política pública que ha abdicado de la legalidad, y de un sistema administrativo donde el poder no se ejerce con responsabilidad, sino con impunidad.