México se juega la legitimidad del Poder Judicial entre señalamientos de opacidad y presuntas injerencias criminales

CDMX.– A menos de un mes de que se celebre por primera vez en la historia del país una elección judicial de carácter consultivo, la polémica ha desplazado cualquier noción de celebración democrática. La exdiputada federal Rosa María González Azcárraga advirtió en entrevista que el proceso actual carece de garantías mínimas de transparencia y credibilidad, al tiempo que denunció que al menos 20 de los perfiles seleccionados por el Senado de la República para integrar la terna de aspirantes al Poder Judicial presentan presuntos vínculos con el crimen organizado o incumplen los requisitos constitucionales.

“Es una elección apática, la gente no va a salir. No habrá observadores ciudadanos, y eso nos regresa a los años 80, cuando sabíamos quién ganaría antes de votar”, expresó González Azcárraga. El señalamiento apunta a una regresión democrática que ha despertado preocupación entre académicos, juristas y organismos nacionales e internacionales.

El proceso de renovación del Poder Judicial fue impulsado por la mayoría parlamentaria de Morena como parte de un paquete de reformas estructurales que incluyen la modificación del Artículo 94 constitucional, con el propósito de establecer un modelo de elección popular para ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales. Sin embargo, según fuentes legislativas y documentos oficiales del Congreso, estas reformas han estado “trabadas” desde legislaturas anteriores debido a inconsistencias jurídicas y falta de consenso político.

González Azcárraga, aunque ya fuera del encargo desde septiembre de 2024, señala que las bases del actual proceso fueron delineadas durante su legislatura, pero sin los candados de integridad necesarios. En su momento, marchó públicamente contra la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial —una medida que, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), vulneró la autonomía financiera del órgano.

El problema actual no radica únicamente en los perfiles, sino en el contexto general: no se contará con observadores ciudadanos independientes ni con mecanismos eficaces de contrapeso. “Ellos van a contar, ellos van a hacer todo”, advirtió la exlegisladora, aludiendo a la posibilidad de una elección instrumentalizada desde el poder.

Diversas organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han expresado su preocupación por la captura institucional del Estado por parte de redes criminales. La advertencia de González Azcárraga sobre aspirantes con presuntos nexos delictivos se suma a un contexto alarmante: según el último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), existen más de 60 investigaciones abiertas contra funcionarios judiciales por lavado de dinero o vínculos con el narcotráfico.

A pesar de ello, el Senado avaló listas sin haber transparentado los criterios técnicos de evaluación ni abierto el proceso a consulta pública. “Estamos ante una judicialización a modo, donde la participación ciudadana es puramente ornamental”, opinó el constitucionalista Ernesto Villanueva en reciente artículo para Proceso.

La exdiputada sugiere una alternativa: posponer la elección y permitir que en 2027 —cuando nuevamente se renovarán plazas dentro del Poder Judicial— se haga un ejercicio real, bajo reglas claras y con escrutinio social. “Lo ideal sería que se aplazara y se hiciera un proceso bien hecho, pero eso ya no ocurrió”, lamenta.

En ese mismo año, de acuerdo con la reforma en curso, se prevé una segunda fase de renovación judicial, lo que abre la posibilidad de corregir el rumbo si la sociedad civil, el Congreso y organismos internacionales logran ejercer presión suficiente.

La erosión de la confianza en el sistema judicial tiene consecuencias profundas. El Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project ubicó a México en el lugar 116 de 142 países evaluados, destacando debilidades en el rubro de justicia penal, corrupción e independencia judicial. A nivel nacional, el INEGI estima que 8 de cada 10 ciudadanos desconfían de los jueces, y el 67% considera que los fallos judiciales obedecen más a intereses políticos que a criterios jurídicos.

La advertencia de González Azcárraga no puede ignorarse: sin legitimidad, sin observación independiente, y con aspirantes cuestionados, la elección del 1 de junio podría representar no el fortalecimiento, sino el debilitamiento estructural del sistema de justicia en México.