Más deuda por reforma judicial
Varios analistas financieros coincidieron en señalar que el capricho del presidente López Obrador por acelerar la reforma judicial costará 14 mil 500 millones de dólares, puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Rogelio Ramírez de la O, prepara una subasta para colocar bonos de deuda a una tasa anual de 10.8%, la segunda más alta en los últimos 22 años en el mercado financiero.
La subasta se realizará mañana martes a través del Banco de México (Banxico) con el propósito de calmar la turbulencia financiera generada después de la elección presidencial en nuestro país.
Y es que López Obrador insiste en sacar vía “fast track” la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF) para ser aprobada a más tardar en septiembre, por lo que en estos momentos los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal Ávila en el Senado e Ignacio Mier Velasco en la Cámara de Diputados trabajan a marchas forzadas para sacar adelante el dictamen respectivo en los próximos días para subirla al pleno del Congreso de la Unión.
López Obrador antes de irse a su finca de descanso en Palenque, Chiapas, pretende dejar la reforma judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular.
Incluso, la candidata triunfadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso realizar el pasado fin de semana, es decir sábado 15 y domingo 16, una encuesta telefónica para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la iniciativa de reforma del poder judicial, cuyo resultado será dado a conocer hoy mismo porque también tiene prisa como su mesías.
La consulta de la doctora Sheinbaum Pardo ha sido calificada como una burda farsa, puesto que desde antes se sabe cuál será la respuesta del “pueblo bueno”, como sucedió en otros ejercicios similares, como cuando López Obrador canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México.
La conclusión del NAIM salía más barata que construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que requirió una inversión de 116 mil millones de pesos, pero lo más grave es que casi nadie quiere utilizar esta moderna terminal aérea en Santa Lucía, Estado de Hidalgo, por estar muy alejada de la Ciudad de México.
La respuesta a la consulta propuesta por la candidata triunfadora de la elección presidencial será que el “pueblo bueno” está de acuerdo en que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular, tal y como quiere López Obrador.
Y tan es así, que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo Ruiz, reveló que “los foros de audiencia no serán para debatir, sino más bien para escuchar las opiniones de jueces, magistrados, ministros, académicos y colegios de abogados, pero nada más porque la reforma judicial ya está hecha”.
Es por eso, que los foros y las consultas acerca de la reforma judicial son pura faramalla luego de que no serán tomadas en cuenta las opiniones de los participantes e interesados, ya que tanto López Obrador como Sheinbaum Pardo pretenden imponer la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sin importar el costo que se tiene para tratar de frenar la turbulencia financiera que asciende a 14 mil 500 millones de dólares.
En otro tema, resulta interesante el caso del sacerdote Ernesto Tovar Trejo, adscrito a la Diócesis de Tampico, ya que fue acusado por funcionarios de Morena de participar en eventos de campaña y hacer promoción a favor del candidato de la alianza “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” a la alcaldía de Madero, Carlos Fernández Altamirano.
La denuncia fue presentada ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), que encabeza el consejero Juan José Ramos Charre, por lo que se realizó una sesión extraordinaria en donde se aprobó una resolución por la cual se notifica a la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la supuesta violación del principio de laicidad en asuntos políticos.
Los funcionarios de Morena exigen sancionar al sacerdote Tovar Trejo, quien actualmente es el titular de Decanato “Cristo del Mar”, ubicado en Ciudad Madero, sin embargo, los ministros de los cultos religiosos son ciudadanos, por lo que también tienen derechos políticos.
Lógicamente que habrá que conocer más a fondo la denuncia morenista, pero no hay duda que el sacerdote Tovar Trejo ejerció su derecho de apoyar al candidato Fernández Altamirano en la lucha por la alcaldía de Madero.
En caso de que el gobierno federal dicte una sanción en contra del titular del Decanato “Cristo de Mar” se podría desencadenar una rebelión de los feligreses católicos en la urbe petrolera.
Por último, nada bueno dejó la gira de López Obrador, acompañado por la candidata triunfadora de la elección presidencial a Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que sólo realizó una inspección a las instalaciones de Aduanas, pero no anunció una nueva obra ni un incremento al presupuesto de Tamaulipas a pesar de la extrema sequía que se vive en nuestra entidad.
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