La vigilancia no se combate con fotografías sino con patrullaje

En una escena que parece más diseñada para alimentar archivos administrativos que para proteger a la ciudadanía, la Guardia Estatal en Tamaulipas ha sido observada realizando “vigilancias” que se resumen en estacionarse frente a escuelas o bancos, posar para una fotografía y retirarse cinco minutos después. La imagen sustituye al patrullaje real, y la evidencia gráfica se convierte en símbolo de una política de seguridad superficial. Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, representa una distorsión estructural en el ejercicio de la función pública y en la rendición de cuentas en materia de seguridad.

El pasado 1 de agosto, a las 16:15 horas, la unidad 1828 de la Guardia Estatal asignada a Altamira se presentó en la escuela primaria “Mártires de la Revolución”. Lo que debió ser una acción preventiva se convirtió en una sesión fotográfica de cinco minutos, que concluyó sin mayor inspección ni contacto. Esta práctica no es excepcional; se repite en centros comerciales, bancos y otros puntos vulnerables en el sur del estado. La comunicación es clara: se prefiere la simulación de la vigilancia a su ejecución real.

Este tipo de acciones compromete no sólo la percepción pública sobre la seguridad, sino que vulnera derechos constitucionales y evidencia una grave omisión en el cumplimiento de deberes institucionales. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece con claridad que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Y el artículo 21 constitucional (CPEUM) otorga al Estado la responsabilidad exclusiva de la seguridad pública (a las tres órdenes de gobierno), precisando que ésta debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, la Guardia Estatal de Tamaulipas parece alejarse de ese mandato. Lo que vemos no es un cuerpo operativo comprometido con la prevención del delito, sino una burocracia de la imagen, donde lo que importa no es proteger, sino demostrar que “algo se hizo”, aunque ese algo no haya tenido ningún efecto real. La fotografía se convierte en documento de cumplimiento, y el patrullaje efectivo se desvanece en la simulación.

En este sentido, cobra relevancia la iniciativa presentada por el diputado local Marcelo Abundis Ramírez, quien propuso una reforma al Código Penal de Tamaulipas para endurecer las penas por robos a instituciones educativas, pasando de un máximo de 7 a hasta 13 años de prisión, además de establecer medidas de reparación del daño. Esta reforma, que ya fue dictaminada favorablemente en comisiones y espera ser votada en el pleno, responde a la creciente preocupación de docentes y padres de familia, quienes incluso han debido organizarse en guardias comunitarias para proteger las escuelas ante la ausencia del Estado.

Mientras que la situación es alarmante. De acuerdo con cifras del “Semáforo Delictivo”, en los primeros cinco meses del 2025 se reportaron 955 robos en Tamaulipas: 532 a negocios y 423 a casas habitación. Dichas cifras, por sí solas, desmontan cualquier intento de

maquillar la seguridad con boletines o fotografías. Pero más grave aún es que estas omisiones puedan constituir faltas administrativas graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que sanciona expresamente la negligencia, el abuso de funciones y la simulación en el ejercicio de los deberes institucionales.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su correlativa Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas disponen que la seguridad debe operar bajo estándares de desempeño medible y responsabilidad institucional. La vigilancia simulada no solo atenta contra estos principios, sino que expone a las comunidades —particularmente a las más vulnerables— a una doble victimización: primero por el delito, y luego por la indiferencia institucional.

Por ello, este problema, que se extiende como sombra sobre la política de seguridad estatal, no se resuelve con discursos ni reformas aisladas, sino con una revisión profunda de los mecanismos de control, evaluación y vigilancia del servicio público. La ciudadanía tiene derecho a saber si quienes ostentan el uniforme están efectivamente cumpliendo su función o simplemente posando para mantener intacta una narrativa oficial.

La exhortación ciudadana para documentar y denunciar estos hechos no es un acto de rebeldía, sino un ejercicio legítimo de contraloría social, y se hagan llegar a la oficina del Gobernador del Estado de Tamaulipas Americo Villarreal Anaya y/o a través de su red social. En un estado donde las escuelas deben ser custodiadas por padres de familia y los patrullajes se confunden con sesiones fotográficas, se impone una reflexión crítica: ¿quién vigila a los vigilantes?.

Por tanto, la respuesta debe venir del Estado mismo, de sus instituciones, de su voluntad de enmendar el rumbo. Porque la seguridad pública no es una coreografía de cámaras y boletines: es una obligación constitucional, ética y política que no admite simulaciones.

Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]