Histórico fallo obliga al Ayuntamiento de Tampico a pagar más de 9.5 MDP por omisiones laborales de gobiernos pasados
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Tampico, Tamps.- Un juez laboral federal resolvió este viernes una demanda interpuesta hace 15 años en contra del Ayuntamiento de Tampico, ordenando el pago de 9 millones 566 mil 710 pesos con 64 centavos a favor de un extrabajador municipal identificado como José “N”. El fallo, considerado por especialistas como un precedente histórico en materia de responsabilidad administrativa en Tamaulipas, obliga al gobierno municipal actual a cubrir un pasivo generado desde la administración 2008–2010.
El empleado fue contratado durante la gestión del entonces alcalde Óscar Pérez Inguanzo. Sin embargo, la demanda se mantuvo sin resolución efectiva a lo largo de cuatro administraciones consecutivas: las de Gustavo Torres Salinas, Magdalena Peraza Guerra, Jesús Nader Nasrallah y hasta la actual presidencia de Mónica Villarreal Anaya, quien finalmente reconoció el fallo y anunció que el pago será cubierto con recursos públicos.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el Ayuntamiento de Tampico aceptó la resolución judicial y atribuyó el problema a la omisión de sus antecesores. “Este pago responde a omisiones y desacatos cometidos en administraciones anteriores, actos que reprobamos enérgicamente por constituir ejemplos claros de irresponsabilidad jurídica que hoy comprometen recursos esenciales para los tampiqueños”, señala el posicionamiento oficial.
LAUDOS LABORALES, UNA BOMBA DE TIEMPO
El caso de José “N” no es el único que enfrenta el municipio. Actualmente, el Ayuntamiento de Tampico reconoce 11 laudos laborales pendientes, además de 21 finiquitos, 10 gastos de marcha y 5 procesos de jubilación promovidos por trabajadores municipales. Para el ejercicio fiscal 2025, la administración había previsto 10 millones de pesos para cubrir estas obligaciones, lo que significa que el reciente fallo absorbe prácticamente la totalidad del fondo asignado.
En comparación, el pago judicial representa el 69 por ciento del presupuesto municipal destinado a la compra de cinco camiones recolectores de basura, cuya inversión asciende a 14 millones 350 mil pesos, de acuerdo con datos oficiales. La coincidencia ilustra el fuerte impacto que las obligaciones laborales rezagadas pueden tener sobre las decisiones administrativas y la capacidad operativa del municipio.
UN PRECEDENTE A NIVEL NACIONAL
El caso de Tampico no es aislado. De acuerdo con registros judiciales, en otros municipios del país —como el de Cacahoatán, en Chiapas— se han registrado resoluciones similares que han derivado incluso en sanciones por desacato y advertencias de destitución a autoridades municipales por incumplir laudos laborales.
En ese contexto, la sentencia emitida contra Tampico podría marcar un precedente a nivel estatal, tanto por la cuantía del pago como por el tiempo transcurrido desde el inicio del litigio, lo que visibiliza la fragilidad jurídica con la que operan muchos gobiernos municipales en México.
COMPROMISO INSTITUCIONAL TARDÍO
“La administración actual reitera su compromiso con el respeto a los derechos laborales, la legalidad y la adecuada administración de los recursos públicos”, puntualiza el comunicado firmado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, electa por el partido Morena.
Pese al reconocimiento institucional, el fallo judicial deja entrever una profunda deuda histórica con los derechos laborales de trabajadores municipales. La omisión prolongada no solo compromete las finanzas locales, sino que también abre la puerta a nuevas sanciones si no se actúa con diligencia frente a las demandas que aún están en curso.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANTE EL ESPEJO
La resolución obliga a los gobiernos municipales a replantear sus políticas de gestión interna y presupuestal. La judicialización de conflictos laborales heredados no solo genera tensiones financieras, sino que pone en entredicho la legalidad con la que operaron anteriores gestiones.
El caso de José “N” es más que una victoria legal individual. Es una advertencia: los derechos laborales no caducan con los cambios de administración, y su incumplimiento puede alcanzar efectos financieros de largo plazo que afectan directamente a la ciudadanía.
Por lo tanto, en medio de los retos financieros y de gobernabilidad que enfrenta el municipio, este fallo deja claro que la justicia laboral también puede golpear donde más duele: en el presupuesto.
