Hermetismo en Ciudad Madero: Auditorías ignoradas y un administrador de finanzas bajo escrutinio
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Ciudad Madero, Tamps.- Un informe técnico que en cualquier democracia consolidada detonaría explicaciones inmediatas desde la administración municipal, hoy transcurre entre silencios y reservas. El documento Semestral ASE/1317/2025, suscrito por el Auditor Superior del Estado, Francisco Antonio Noriega Orozco, y recepcionado en la Oficialía de Partes del Congreso local el pasado 3 de noviembre, expone un entramado de observaciones acumuladas —y no atendidas— que abarcan casi una década, de 2016 a 2024.
En el centro del señalamiento aparece una paradoja difícil de soslayar: Erasmo González Robledo, responsable actual de las finanzas maderenses, es contador auditor de profesión. Sin embargo, mantiene un hermetismo absoluto respecto a las auditorías en seguimiento por parte de la ASE, incluidas aquellas que corresponden a periodos en los que él mismo tuvo un papel determinante como diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto. El discurso de transparencia del gobierno morenista en la urbe petrolera luce, al menos en este capítulo, profundamente comprometido.
INFORME EXHIBE OMISIONES RECURRENTE
El oficio ASE/1317/2025, dirigido al Dip. EliphALETH Gómez Lozano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASE en el Congreso del Estado, detalla una lista de oficios radicados formalmente, cada uno con folio, fecha y seguimiento, pero sin respuesta del Ayuntamiento de Ciudad Madero ni del DIF municipal.
De la cuenta pública 2022, la ASE advierte:
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● El oficio ASE/1005/2022, con Promoción de Responsabilidad Administrativa, permanece sin atención.
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● El oficio ASE/0798/2023, también radicado, no recibió respuesta.
De la cuenta pública 2023:
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● El ASE/0443/2023, derivado de auditoría al DIF Madero, tampoco fue atendido, generando a su vez una Promoción de Responsabilidad Administrativa.
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● El ASE/0251/2025 continúa en seguimiento, igualmente sin solventarse las recomendaciones.
A ello se suman los oficios ASE/0328/2025 y ASE/0385/2025, promovidos
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este año ante el Órgano Interno de Control tanto del Ayuntamiento como del DIF, respectivamente.
El cúmulo de omisiones no sólo plantea un problema de administración pública, sino un potencial conflicto legal: la falta de respuesta oportuna a requerimientos de la ASE puede implicar responsabilidades administrativas e incluso la presunción de obstrucción a procesos de fiscalización pública.
UN EXPEDIENTE PENAL QUE YA ESCALÓ
El informe también recuerda que, en paralelo, se encuentra judicializado el expediente NUC 59/2022 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Los imputados —identificados como JAZM, AEOF, NMCA y DFD— enfrentan señalamientos por un presunto desfalco de $13,601,539.89, cifra que subraya la relevancia de la vigilancia estricta en la gestión municipal.
PREGUNTAS QUE EXIGEN RESPUESTAS PÚBLICAS
En un contexto donde el acceso a la información pública es una obligación constitucional y no una concesión política, el hermetismo del responsable de las finanzas municipales no sólo contrasta con su propio perfil profesional, sino que amenaza con vulnerar principios de legalidad, transparencia y control de recursos públicos.
Abogados en fiscalización consultados por un servidor señalan que la opacidad en torno a auditorías activas puede derivar —según los casos— en infracciones administrativas graves, sanciones por incumplimiento deliberado, responsabilidades resarcitorias e incluso imputaciones por encubrimiento u obstrucción de procedimientos de fiscalización, una figura reconocida en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Ciudad Madero mantiene una postura pública prácticamente inexistente. Ninguna versión oficial ha explicado por qué no se ha entregado la documentación requerida ni por qué las observaciones arrastradas durante años continúan sin solventarse pese a su radicación formal.
La administración de González Robledo enfrenta así un escenario donde la incongruencia entre el discurso y los hechos podría traducirse en un desgaste político profundo… y en consecuencias jurídicas que ya no dependerán de la voluntad del Ayuntamiento, sino del avance institucional de los órganos de fiscalización.
