Endurece Congreso ofensiva contra consultorios médicos ilegales
Ciudad Victoria, 21 de enero.-La proliferación de consultorios médicos que operan fuera de la ley en Tamaulipas llevó al Congreso del Estado a exigir un reforzamiento inmediato de las acciones de inspección, clausura y sanción, al considerar que estos establecimientos representan un peligro directo para la población.
Mediante un exhorto aprobado en sesión legislativa, se solicitó a la Secretaría de Salud estatal y a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios intensificar la verificación y localización de consultorios irregulares en los 43 municipios de la entidad.
Al presentar el dictamen, la diputada Silvia Isabel Chávez Garay advirtió que numerosos establecimientos ofrecen servicios médicos sin contar con licencias sanitarias ni personal debidamente acreditado, lo que coloca a los pacientes en una situación de extrema vulnerabilidad.
La legisladora subrayó que ejercer una profesión sin título ni cédula profesional no puede considerarse una falta administrativa menor, sino un delito tipificado tanto en la legislación estatal como en la federal, especialmente cuando se trata de actividades relacionadas con la salud.
Explicó que la usurpación de funciones médicas implica que diagnósticos, tratamientos y decisiones críticas queden en manos de personas sin la preparación necesaria, lo que puede derivar en daños irreversibles e incluso en la pérdida de vidas.
Añadió que existen antecedentes documentados de clínicas clandestinas que utilizan insumos caducos, carecen de condiciones mínimas de higiene o cuentan con infraestructura inadecuada, prácticas que además de ilegales violan el derecho humano a la protección de la salud.
Recordó que la atención de este problema no recae únicamente en una instancia, sino que requiere la coordinación entre ayuntamientos, autoridades estatales y organismos sanitarios para detectar y denunciar establecimientos irregulares.
Finalmente, destacó que garantizar servicios médicos seguros y legales es una obligación del Estado y una demanda social que no admite omisiones.
