El pago al Sindicato se tiene que dar porque es una orden judicial: Héctor Marín

Ciudad Madero, Tamps.- La orden llegó desde el ámbito federal y no admite interpretaciones políticas ni márgenes de maniobra retórica: el Ayuntamiento de Ciudad Madero debe cubrir un adeudo laboral que supera los 51 millones de pesos, resultado de incumplimientos acumulados desde 2009. El laudo, dictado tras más de una década de litigio, es una sentencia firme, obligatoria e irrenunciable, y hoy coloca a la administración municipal frente a una disyuntiva crítica: cumplir sin comprometer la viabilidad financiera del gobierno local.

Así lo explicó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Page, quien subrayó que el problema no es la voluntad de pago, sino la forma de hacerlo. “El pago se tiene que dar porque es una orden judicial, sino en hacer más amigable el pago y poderlo dar”, señaló, al precisar que el tribunal ya requirió formalmente al municipio el cumplimiento del laudo por un monto de poco más de 51 millones de pesos.

El funcionario reconstruyó el origen del conflicto: incumplimientos al contrato colectivo de trabajo desde la administración municipal de 2009, una demanda interpuesta en 2012 por el sindicato y un laudo emitido hasta 2021, que fue objeto de diversos recursos legales hasta que un juez federal ordenó su ejecución definitiva. “Una vez dado un laudo, los derechos por cuestiones laborales son irrenunciables”, enfatizó Marín Page, descartando cualquier posibilidad legal de condonación o reducción del monto.

Frente a este escenario, la administración actual —que asegura haber cumplido puntualmente el contrato colectivo desde 2023— propuso un esquema de pago diferido: un primer abono de tres millones de pesos y 96 mensualidades de poco más de 500 mil pesos, es decir, un horizonte de ocho años. La intención, explicó el secretario, es evitar un embargo de cuentas públicas que “mermaría significativamente las finanzas de cualquier ayuntamiento” y paralizaría proyectos estratégicos.

El riesgo es un embargo, advirtió, podría comprometer recursos destinados a obra pública, estimados en alrededor de 220 millones de pesos. “Imagínense que se dejen de pavimentar calles o de invertir en unidades deportivas por cubrir esto en una sola exhibición”, ilustró.

Sin embargo, el pasado viernes 30 de enero, el Cabildo no logró la mayoría necesaria para avanzar en este esquema conciliatorio. La votación en contra incluyó a regidores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de una abstención, lo que detuvo el primer paso administrativo indispensable: la autorización del cuerpo edilicio para enviar el acuerdo al Congreso del Estado, instancia que también debe avalarlo por comprometer recursos de ejercicios fiscales futuros.

Marín Page fue enfático en que el Cabildo no vota si se paga o no la deuda —esa discusión ya está cerrada por mandato judicial—, sino el mecanismo para hacerlo. “No es cuestión de si autorizan un pago o no… es hacer más amigable el pago”, insistió, al señalar que pudo haber existido falta de información entre algunos ediles.

Mientras tanto, el reloj avanza. El próximo 6 de abril está programada una audiencia conciliatoria en el tribunal, en Ciudad Victoria, a la que el Ayuntamiento aspiraba llegar con las autorizaciones correspondientes. De no lograrse, el tribunal podría avanzar en medidas de ejecución forzosa.

El trasfondo político-administrativo es incómodo: el adeudo se gestó bajo varias administraciones —de Sergio Arturo Posadas Lara a Adrián Oseguera Kernion— que, por omisión o postergación, dejaron crecer una deuda originalmente menor hasta convertirla en una carga millonaria. La administración actual, sostuvo el secretario, enfrenta hoy las consecuencias de decisiones pasadas. “Se trata de una responsabilidad moral de hacer un buen trabajo y una buena gestión como administración”, concluyó.