Analizan viabilidad de interponer amparos ante Decisión de eliminar Escuelas de Tiempo Completo.

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El equipo jurídico de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) analiza la viabilidad de interponer amparos en contra de la decisión de la Secretaría de Educación Pública de eliminar las escuelas de tiempo completo afectando la educación de calidad de 3.6 millones de alumnos en todo el país.

La UNPF reaccionó de inmediato a esa histórica decisión en la que pareciera que al gobierno federal no le importó que con tiempo completo se fortalece la calidad de aprendizaje al reforzar competencias como lectura y escritura, matemáticas, arte y cultura, recreación y desarrollo físico, así como los procesos de inclusión y convivencia escolar y dejar sin alimento a millones de niños.

“La decisión vulnera a 3.6 millones de niños de todo el país a seguir teniendo educación con calidad en una jornada de horario extendido y  que también los dejaron sin alimentos que le proveían en este programa. La UNPF considera que la política pública aplicada en materia de educación afecta de manera directa el desarrollo de sus hijos y queda claro que programas que han tenido éxito en anteriores gobiernos la actual administración se ha encargado de lapidarlos”, concluyó

El representante nacional de esta organización, Luis Arturo Solís, refirió que en el artículo 5 de la Ley General de Educación se establecen mecanismos para que la SEP pueda crear o generar un programa similar al de tiempo completo, aunque sea con otro nombre, pero con el mismo propósito.

La UNPF ya hizo saber a la titular de la SEP, Delfina Gómez, que los padres de familia no están de acuerdo con esa decisión ni con la política pública de este gobierno porque está afectando directamente derechos fundamentales.

“Lo que voy a hacer como Unión es darle a conocer a través de un mecanismo,  darle a conocer a la SEP el sentir de los padres de esos niños que estudiaban en esos planteles; aquí estamos tantos papás diciendo que no estamos de acuerdo con la eliminación ni con esta política pública porque está afectando directamente derechos fundamentales”, concluyo

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