Crisis hídrica y la urgencia de infraestructura en la cuenca del Guayalejo
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Ciudad Altamira, Tamps.- El debate sobre la nueva Ley General de Aguas volvió al centro del escenario nacional al calor de la crisis hídrica que golpea a México. Para el diputado federal César Augusto Verástegui Ostos, integrante de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el problema no solo radica en la regulación, sino en la ausencia de una visión de largo plazo y en la desatención a las infraestructuras de captación, distribución y almacenamiento. Su postura es tan técnica como política: “la crisis hídrica es falta de voluntad política; sin voluntad no hay recurso, y cuando tengamos el problema, aunque haya dinero, ya no hay manera de resolverlo porque el agua se fue al mar”.
El legislador se pronuncia críticamente sobre la iniciativa de ley, al considerar que no favorece ni a agricultores ni a ganaderos. Una de sus mayores preocupaciones recae en el esquema de transferencias de derechos de agua: si un propietario fallece, la concesión no se hereda; en cambio, pasa a un comité. La medida, afirma, despoja a las familias rurales de un elemento importante de su patrimonio productivo. “Si tú tienes un terreno y te vas de este mundo, la herencia no se podrá ceder con el derecho de agua. Es absurdo”, señala. El impacto sería profundo para regiones cuya sobrevivencia económica depende del riego.
Verástegui Ostos recuerda que México ha contado por décadas con estadísticas precisas de aguas superficiales y subterráneas, con un inventario reconocido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El problema, insiste, no es falta de datos, sino falta de inversión. Las unidades y distritos de riego carecen de recursos, los sistemas lagunarios operan sin modernización y la infraestructura de derivadoras —ya sean de río, de almacenamiento o de manantial— registra un rezago que compromete la eficiencia hidráulica. En la zona sur de Tamaulipas, la evidencia es contundente: miles de metros cúbicos de agua dulce se pierden cada año en su camino al mar por el Tamesí y el Pánuco, ante la incapacidad gubernamental de retenerlos.
El diputado ilustra el potencial desperdiciado: si se elevara un metro el nivel del sistema lagunario —que abarca aproximadamente 400 mil hectáreas— la capacidad de captación sería monumental. La cifra, calculada sobre la base de hectárea por metro cúbico, equivale a un volumen capaz de abastecer múltiples veces el corredor industrial de Altamira y garantizar el suministro para Tampico y Madero sin recurrir a medidas de emergencia. Sin embargo, los proyectos de diques y presas permanecen detenidos o abandonados. “Si un ciudadano no puede acaparar agua, ¿por qué el gobierno no acapara toda esa agua que se va al mar?”, cuestiona.
La cuenca hidrológica del Guayalejo ocupa un lugar central en su análisis. Con 144 mil hectáreas que abarcan municipios como Llera, Jaumave, Gómez Farías y Ocampo, la cuenca alimenta ríos cruciales: el Guayalejo, el Sabinas, el Frío, el Mante y el Tantoán. Toda esta agua desemboca en el sistema lagunario que da vida a González, El Mante, Xicoténcatl y la zona conurbada del sur de Tamaulipas. La cuenca, sostiene, es una bendición natural desaprovechada por falta de proyectos estructurales. Entre ellos destaca
la ausencia de presas rompepicos que permitan regular la descarga de los afluentes y eviten inundaciones recurrentes en zonas como El Limón, donde el cauce del río se desvía por falta de capacidad de conducción.
Las presas rompepicos, explica, funcionan como válvulas de retención que permiten desfogar paulatinamente los caudales cuando convergen los ríos Guayalejo, Sabinas, Frío y Comandante. Sin estos mecanismos, la fuerza del agua rebasa canales y bordos, provocando inundaciones que podrían evitarse con inversiones relativamente pequeñas comparadas con las pérdidas agrícolas y urbanas que generan.
El legislador sostiene que el país enfrenta un enfoque equivocado: se actúa como si el problema del agua dependiera exclusivamente de que llueva o deje de llover. La falta de visión sistémica —municipal, estatal y federal— perpetúa la lógica de emergencia. “Si realmente importara el tema del agua, habría inversiones. No podemos seguir pensando en el agua como un asunto de suerte”.
Para Verástegui Ostos, la regulación es necesaria, pero no en los términos planteados por la nueva ley. El país requiere una política que priorice infraestructura, equilibrio ecológico, seguridad hídrica y aprovechamiento integral de cuencas; una regulación que no castigue al productor ni elimine derechos adquiridos; y una estrategia que reconozca que el agua es un factor económico, social y de seguridad nacional.
En el centro del debate, la cuenca del Guayalejo surge como un ejemplo del potencial que México desperdicia año tras año. La naturaleza, afirma el diputado, ha hecho su parte: dotó a Tamaulipas de uno de los sistemas hidrológicos más generosos del país. Falta que el Estado haga la suya. Porque, mientras no haya voluntad política ni inversión, el país seguirá viendo cómo su agua —su recurso más valioso— termina en el mar mientras millones de ciudadanos y productores padecen la escasez.
