Congreso ordena una auditoría a fondo recursos ejercidos en la Feria de Río Bravo

Ciudad Victoria.- El Congreso de Tamaulipas solicitó a la Auditoría Superior del Estado realizar una revisión exhaustiva del uso de recursos públicos destinados a la organización de la Feria de Río Bravo 2025, tras señalamientos ciudadanos y dudas sobre la transparencia en el manejo financiero del evento.
La feria se llevó a cabo del 5 al 28 de diciembre e incluyó la contratación de diversos servicios, infraestructura y espectáculos artísticos, lo que implicó un gasto considerable de recursos municipales asignados para su realización.
Una vez concluido el evento, comenzaron a surgir inconformidades relacionadas con afectaciones urbanas, presuntas deficiencias en la planeación y cuestionamientos sobre los contratos celebrados, lo que motivó la intervención del Poder Legislativo.
El tema cobró mayor relevancia luego de que, semanas antes, el presidente del Congreso, Humberto Prieto, exhortara al alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, a cumplir con el pago de una deuda cercana a los 300 millones de pesos con la Comapa, lo que encendió alertas sobre la situación financiera del municipio.
En este contexto, el Pleno aprobó un Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado revise la legalidad de los contratos, la correcta aplicación de los recursos y la existencia de posibles incumplimientos relacionados con la feria.
La propuesta fue presentada por la diputada Lucero Deosdady Martínez López, quien enfatizó que el objetivo central es garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado del dinero público, sin prejuzgar responsabilidades.
El acuerdo establece que la revisión deberá realizarse con criterios técnicos y objetivos, con el propósito de esclarecer los hechos y, en su caso, detectar irregularidades que ameriten acciones posteriores.
Durante la exposición de motivos se recordó que el Congreso tiene la facultad constitucional de vigilar el ejercicio de los recursos municipales, y que la Auditoría Superior del Estado es el órgano encargado de fiscalizar este tipo de eventos.


