Congreso de Tamaulipas exige legalidad e imparcialidad en juicio dé amparo promovido por Cabeza de Vaca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas emitió un exhorto al Poder Judicial de la Federación, solicitando que el juicio de amparo promovido por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sea resuelto con absoluta imparcialidad, respeto a la legalidad y sin interferencias externas.

El exhorto, dirigido al Juez Séptimo de Distrito con Sede en Reynosa, Fidel Gallegos Figueroa, fue aprobado por el Pleno del Congreso estatal ante la preocupación de que este proceso, identificado bajo el número de expediente 417/2024, pudiera resolverse de forma parcial o politizada.

En el Artículo Primero del acuerdo, el Congreso llama al juez federal a que al emitir su resolución definitiva lo haga “en apego a la justicia pronta, completa e imparcial”, además de actuar bajo los principios de dignidad, independencia, profesionalismo y legalidad, cualidades esenciales para garantizar una verdadera impartición de justicia.

Asimismo, en el Artículo Segundo, la Legislatura exhortó al propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación a vigilar el actuar del Juez Séptimo de Distrito, con el fin de asegurar que dicho proceso se conduzca dentro del marco de la legalidad y sin favoritismos hacia el promovente del amparo, el exmandatario panista.

Cabe recordar que Francisco Javier García Cabeza de Vaca enfrenta diversos señalamientos por presuntos actos de corrupción y abuso de poder durante su administración (2016-2022), y ha buscado en reiteradas ocasiones el amparo de la justicia federal para evadir procesos legales en su contra.

Este pronunciamiento del Congreso de Tamaulipas refleja la determinación de los poderes locales de garantizar que nadie esté por encima de la ley, y que los procesos judiciales se realicen sin privilegios ni componendas.

Con este posicionamiento, el Poder Legislativo de Tamaulipas también lanzó un mensaje claro: “el uso de las instituciones para proteger intereses personales o políticos no será tolerado, y se dará puntual seguimiento al actuar del Poder Judicial en este y otros casos de alta relevancia pública”.

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