Campesinos de Altamira exigen mayor respaldo estatal

Ciudad Altamira, Tamps.- Una movilización pacífica de productores rurales en el tramo del puente “La Esperanza” puso nuevamente sobre la mesa una demanda recurrente en el campo mexicano: precios justos, planeación real del desarrollo rural y participación efectiva del Estado. Entre quienes se hicieron presentes para respaldar —al menos en lo humanitario— a los manifestantes, se encontró el regidor Félix Guillu Meraz, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático en el Cabildo de Altamira.
Guillu Meraz explicó que su presencia no obedeció a protagonismos políticos, sino a una solicitud directa hecha por los campesinos, quienes pidieron apoyo con hidratación y alimentos para continuar su marcha. “Fue una atención ciudadana”, afirmó, tras señalar que los productores ejercen su derecho constitucional a la manifestación pacífica y a exigir lo establecido en el artículo 25, que configura la planeación del desarrollo económico del país. Según el edil, “tienen todo el derecho de manifestarse pacíficamente y pedir mejores precios para sus productos”.

Horas más tarde, el regidor publicó un mensaje en redes sociales en el que aclaró que su apoyo fue estrictamente en el plano solidario. “Nuestro compromiso siempre será apoyar a la ciudadanía cuando nos lo soliciten, privilegiando el respeto, la paz y el bienestar de nuestra gente”, escribió. El mensaje precisó que las demandas de los campesinos buscan una mayor participación institucional para generar mejores condiciones de vida en el sector rural.

La expresión de inconformidad en Altamira se inserta en una ola de movilización nacional que se ha ido intensificando desde finales de año, marcada por llamados de organizaciones agrícolas de distintas entidades que acusan falta de incentivos, recortes en programas productivos y un incremento en los costos operativos frente a precios de venta que consideran insuficientes. En distintos foros y medios de circulación nacional, representantes rurales han señalado que sin una política de apoyo activa, el campo mexicano enfrenta una presión que amenaza su sostenibilidad, particularmente en regiones donde la agricultura es el sustento económico central.

El artículo 25 constitucional, invocado por los manifestantes, establece la rectoría del Estado en el desarrollo económico del país y su obligación de garantizar que ese crecimiento se traduzca en justicia social. Para los campesinos que marcharon en Altamira, ese mandato debe traducirse en políticas sólidas: mejor comercialización, mejores precios y financiamiento que les permita competir sin quedar relegados frente a los mercados y la inflación.

Mientras continúan las jornadas de protesta en distintos puntos del país, la manifestación en Altamira se desarrolló sin incidentes, en calma y con coordinación

entre productores y autoridades locales. Para los participantes, el movimiento busca ser escuchado antes de que la presión económica derive en un punto de desgaste irreversible. “No se pide nada extraordinario”, comentaron algunos de los participantes durante el recorrido, “solo la posibilidad de vivir con dignidad del trabajo de la tierra”.

Las protestas continuarán en los próximos días y se espera que el gobierno federal responda con mesas de diálogo o nuevos anuncios para el sector rural. Por ahora, en Altamira, el campo no está dispuesto a seguir en silencio.