Aprueban en Tamaulipas sanciones contra terapias de conversión y ataques a la identidad de género
Ciudad Victoria, 18 de junio.-El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó de manera unánime una serie de reformas al Código Penal local, mediante las cuales se tipifican como delitos las conductas que vulneren la orientación sexual, identidad o expresión de género de cualquier persona, destacando la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”.
La iniciativa fue promovida por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, representante del Grupo Parlamentario de MORENA, quien durante su participación destacó la importancia de legislar en favor del respeto y la dignidad de todas las personas, en especial de quienes forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+.
“El propósito de esta reforma es garantizar protección legal frente a prácticas denigrantes que buscan reprimir o modificar la identidad de género o la orientación sexual de las personas”, expresó la legisladora desde tribuna.
La modificación legal incorpora un nuevo capítulo al Código Penal, bajo el nombre “Delitos contra la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género”. Dentro de este nuevo marco legal se establecen penas de prisión de entre dos y seis años, así como multas que podrían alcanzar hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes practiquen, financien, obliguen o promuevan terapias de conversión.
TODO FUE RESULTADO DE CONSULTAS Y COLABORACIÓN: MAGALY DEÁNDAR
Deandar Robinson resaltó que este dictamen fue elaborado tras un proceso de diálogo y construcción colectiva, que involucró al Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Además, se llevaron a cabo consultas públicas con colectivos LGBTTTIQ+, profesionales de la salud mental y personas con discapacidad, lo cual permitió desarrollar una legislación con respaldo social y legitimidad democrática.
La reforma también contempla sanciones más severas —incrementando en una mitad las penas mínimas y máximas— si las prácticas se dirigen a personas menores de edad, con discapacidad, adultos mayores o si ocurren en entornos de subordinación, como el ámbito familiar, médico o laboral.
“Esta reforma representa un paso firme hacia una sociedad más equitativa, en la que se respeten plenamente los derechos de todas las personas, sin excepción”, finalizó la diputada.
