Analiza IETAM violencia política de género contra precandidata del PAN
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) investiga el despido de Ana García Padilla del Hospital Civil de Madero, para definir si el caso se trata de violencia política en razón de género, ya que el cese laboral ocurrió después de que ella se registró como precandidata del PAN.
De acuerdo al Informe de la Secretaría Ejecutiva del IETAM sobre las denuncias de violencia política contra las mujeres, la queja de García Padilla se interpuso ante el INE, quien remitió el caso al organismo local.
El 23 de enero pasado informó que fue despedida del Hospital Civil de Madero como consecuencia de haberse registrado como precandidata del Partido Acción Nacional para una diputación local.
García Padilla era encargada de despacho de la Jefatura de Recursos Humanos del Hospital, y anteriormente fue funcionaria de una administración panista en el ayuntamiento de Madero.
Sin embargo, el 17 de febrero pasado el Partido Acción Nacional no le concedió la candidatura con lo cual se quedó sin trabajo en el hospital y también sin participar en las elecciones.
Ante la situación busca que se le reinstale el empleo en el Hospital Civil de Madero al considerar que fue una represalia por buscar un puesto de elección bajo las siglas de un partido distinto a Morena, que gobierno actualmente Tamaulipas.
En la queja por la presunta violencia de género el acusado es Salvador Mojarro Sánchez, director del Hospital, así como otros funcionarios de la Secretaría de Salud que no se mencionan en el reporte del IETAM.
El reporte también establece que el caso se investiga “reservándose el emplazamiento, así como la fijación de fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia prevista en el artículo en el artículo 347 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, hasta en tanto se realizarán las diligencias de investigación que se estimaran pertinentes”.
De acuerdo a la Cámara de Diputados, la violencia política de género, como delito electoral se castiga hasta con siete años de prisión, aunque también se pueden aplicar multas o apercibimientos públicos a quien resulte responsable.
