Altamira reestructura seguridad y blinda uso del FORTAMUN
Ciudad Altamira, Tamps.- El Cabildo de Altamira aprobó este lunes 16 de febrero, durante su Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, una reforma administrativa que redefine el ejercicio de los recursos federales destinados a la seguridad pública y reorganiza el mando operativo bajo la órbita de la Secretaría del Ayuntamiento.
El eje de la transformación es la incorporación de una nueva figura: el Enlace de Buen Gobierno y Seguridad Pública, un mando administrativo que centralizará la gestión presupuestal y la coordinación de tránsito, protección civil y bomberos, con la finalidad declarada de optimizar el uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), regulado por la Ley de Coordinación Fiscal.
El secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, defendió la reestructuración como un ajuste técnico necesario para fortalecer la capacidad municipal en materia de prevención y reacción. Durante la entrevista exclusiva con Noticias PC, fue interrogado sobre la posibilidad de destinar recursos federales a infraestructura preventiva —como luminarias en zonas de alta incidencia delictiva— en apego al artículo 37 de la ley federal.
“Si se justifica, sí, en el caso de la prevención del delito; cuando no se justifique, en este caso, el 20% no se aplicaría”, respondió. Y añadió: “Lo que estamos tratando de hacer nosotros es de darle una mayor capacidad a la seguridad pública municipal”.
El artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal delimita con precisión el destino de los recursos del FORTAMUN, excluyendo expresamente rubros como sueldos, alumbrado público y despensas. Sin embargo, abre un margen interpretativo cuando el gasto puede vincularse de manera directa con la prevención del delito. La clave, según Pérez Ramírez, será la justificación técnica.
La reforma municipal pretende cerrar ese margen de discrecionalidad mediante trazabilidad presupuestaria. El decreto aprobado incorpora la obligación de formalizar el proceso antes del 15 de diciembre de cada ejercicio fiscal y establece que el mínimo del 20% del fondo deberá destinarse a seguridad pública con sustento documental suficiente, reduciendo el riesgo de observaciones por parte de órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior del Estado.
MODELO SISTÉMICO DE SEGURIDAD
La reforma abandona la visión fragmentada de la seguridad como función estrictamente policial y adopta un enfoque integral. Policía preventiva, tránsito, protección civil y bomberos quedarán bajo un mismo mando administrativo. El rediseño apunta a una coordinación operativa unificada ante emergencias, desastres naturales y eventos de alto impacto, integrando análisis transversal de riesgos.
“Ahora se incorpora esta figura del enlace de buen gobierno y seguridad pública, precisamente para que sea el encargado de administrar a los cuerpos, en este caso tránsito, protección civil y bomberos, y se encargue también de coordinar las acciones que van a llevar a cabo dentro del presupuesto que se establece precisamente para ello”, explicó el secretario.
La reforma se alinea con los Programas con Prioridad Nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente en rubros como equipamiento policial, videovigilancia, justicia cívica y capacitación.
La transición hacia un modelo de justicia cívica y policía de proximidad es otro de los pilares del rediseño. Pérez Ramírez anticipó la creación de un reglamento específico en la materia: “Seguramente el día de mañana vamos a tener nuestro propio reglamento de justicia cívica en el cual se van a incorporar figuras nuevas a las cuales no estamos acostumbrados, pero precisamente lo hacen para prevenir el delito”.
El modelo de justicia cívica, promovido en los últimos años por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, busca despresurizar el sistema penal mediante la atención temprana de conflictos comunitarios y faltas administrativas, reforzando la cohesión social como mecanismo preventivo.
PROFESIONALIZACIÓN Y ESTÁNDARES TÉCNICOS
El decreto establece requisitos estrictos para el nuevo Enlace de Buen Gobierno y Seguridad Pública: formación en derecho o seguridad pública, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas.
“Debe de ser una persona capaz que conozca en este caso las corporaciones, que sepa de la administración de los recursos, que sepa también cómo equipar a las áreas como tránsito, protección civil, bomberos, pero que a su vez se coordine con el Estado a través de la Guardia Estatal o de la Coordinación Regional de Protección Civil”, subrayó Pérez Ramírez.
La intención declarada es elevar el estándar técnico del mando administrativo. En términos de gobernanza pública, la medida puede fortalecer el control interno y la disciplina institucional, al establecer perfiles profesionales y procesos formales de planeación, evaluación y coordinación interinstitucional.
El nuevo artículo 29 Quater del reglamento orgánico detalla funciones de planeación estratégica, participación en el Consejo Estatal y vinculación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, buscando coherencia vertical entre municipio, estado y federación.
