Altamira: cuando la obra pública se cruza con la política y el derecho levanta la ceja

Ciudad Altamira, Tamps.- La escena es conocida en la política municipal mexicana, pero no por ello deja de ser delicada: una obra pública, un regidor que respalda el progreso, una ciudadana con poder informal y una denuncia que coloca en el centro un concepto incómodo para cualquier gobierno: la legalidad del actuar público frente al uso político de los recursos comunes.

El regidor Félix Guillu denunció públicamente a la ciudadana Virginia López, a quien señala por presuntamente haber amedrentado a un topógrafo que realizaba trabajos de introducción de tubería en beneficio de los habitantes de la colonia Nuevo Madero. La acusación implica la posible obstrucción de una obra pública y la utilización de una supuesta investidura política para influir en decisiones técnicas que, por ley, corresponden exclusivamente a personal autorizado.

En el mensaje que acompañó el video difundido en redes sociales, Guillu agradeció al alcalde Armando Martinez Manriquez por la obra que se realiza pero fue directo al fondo del asunto: “El progreso de Altamira es una prioridad, y nadie puede estar por encima de él”. Con esa frase, más política que retórica, el regidor colocó una línea divisoria entre el interés colectivo y la tentación de apropiarse simbólicamente de la obra pública. También dejó claro que, a su juicio, las obras no deben politizarse porque “responden a una planeación responsable y a las necesidades reales de la población”.

El señalamiento adquiere mayor peso cuando Guillu solicita que Virginia López comparezca ante el Cabildo para explicar si actuó por instrucciones del presidente municipal, Armando Martínez Manríquez (ya que así lo señala en su red social), y bajo qué facultades habría dado órdenes a personal de COMAPA sobre el manejo de materiales y la ejecución de los trabajos. La pregunta no es retórica: en términos jurídicos, de confirmarse, se estaría ante una posible invasión de competencias administrativas y una vulneración al principio de legalidad que rige el ejercicio del poder público.

En el video, Guillu relata que la ciudadana habría acudido al sitio para exigir modificaciones en la colocación de tubería en resguardo, bajo el argumento de beneficiar a un “presidente de la colonia”, y que además habría recurrido a un discurso de intimidación, aludiendo a su pertenencia política. “Aquí no nos interesa quién es quién”, subrayó el regidor, recordando que las obras se realizan con recursos de la ciudadanía, no de partidos ni de proyectos personales.

El regidor introduce un elemento jurídico: la posible violación de derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, así como la obstrucción de funciones públicas, conductas que no se resuelven con discursos de unidad, sino con procedimientos claros y responsabilidades definidas.

La controversia se profundiza al revisar una publicación realizada el 12 de enero en redes sociales por Virginia López. En ella afirma que, “por indicaciones de nuestro presidente el Dr. Armando Martínez Manríquez”, realizó labores de supervisión de obras en diversas colonias, acompañada de integrantes de comités Jorge Dimas, Blanca Guzmán y Arnoldo Ezequiel Rivera. Sin embargo, dichos integrantes no son ciudadanos comunes: se trata de funcionarios públicos que, además, desempeñan roles internos en el partido Morena y han sido señalados como posibles aspirantes a cargos de elección popular rumbo a 2027.

El problema no es menor ni meramente político. López Aceves aparece portando uniforme oficial y realizando labores de inspección de obra pública, actividades que legalmente corresponden a supervisores técnicos de COMAPA Altamira, no al área de Bienestar Social, bajo cuya representación se habría presentado. En términos jurídicos, esto abre la puerta a una discusión sobre usurpación de funciones, desvío de atribuciones y uso indebido de símbolos y recursos públicos.

Más allá del intercambio de señalamientos, el caso revela una tensión estructural: cuando la frontera entre gobierno, partido y proyecto personal se vuelve difusa, la obra pública deja de ser un derecho social y se transforma en botín político. El derecho administrativo precisa que la autoridad solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada, y nadie —ni siquiera bajo el argumento de “supervisión”— puede colocarse por encima de la ley.

En Altamira, el conflicto aún está lejos de resolverse. Pero el mensaje de fondo ya está sobre la mesa: la legalidad no se somete a consignas partidistas ni a lealtades políticas. Y cuando la obra pública se politiza, el verdadero costo no es electoral, sino institucional.