Aclaran funciones y facultades de la STPS en los laudos laborales.
En relación con las manifestaciones que se llevaron a cabo en el Congreso del Estado por una persona identificada como ex trabajadora de la Secretaría de Salud que responde al nombre de Irma Trejo, relativa al pago de un laudo laboral condenatorio dictado en su favor, el titular de la Secretaría del Trabajo Gerardo Illoldi Reyes consideró pertinente realizar ciertas aclaraciones.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas ejercen una función estrictamente jurisdiccional, lo que implica la resolución de conflictos laborales mediante la emisión de laudos. Sin embargo, no tienen bajo su responsabilidad la ejecución material de los pagos derivados de dichos laudos.
La función de las Juntas se limita a dictar el laudo y, en caso de condena, procurar su ejecución, conforme a los mecanismos establecidos en la legislación laboral y al impulso procesal que promuevan las partes.
Las Juntas no son responsables de realizar el pago de los laudos, ya que estos deben ser cubiertos por la parte condenada en juicio. En el caso concreto, corresponde a la Secretaría de Salud, al Organismo Público Descentralizado Salud, o, en su caso, a la Secretaría de Finanzas erogar los recursos necesarios para su cumplimiento.
Ni las Juntas ni el titular de la Secretaría del Trabajo tienen injerencia en la asignación de recursos, la forma de pago, la disponibilidad presupuestal ni en la gestión de solicitudes para el pago de laudos. Su competencia se agota en la emisión del fallo y su eventual ejecución conforme a derecho.
Compete a las partes demandadas gestionar y cumplir con las obligaciones determinadas y condenadas mediante laudos emitidos por las autoridades laborales, debiendo realizar las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para su cumplimiento.
Cabe recordar que, en el marco de la comparecencia del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, una persona de nombre Irma Trejo, quien dijo ser una ex trabajadora de esta dependencia, acusó al funcionario de exigirle “diezmo” para liberar el pago de su indemnización laboral pero también acuso al secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, de obstaculizar un laudo laboral.
