Violencia familiar en ascenso: México sin políticas públicas eficaces en sus estados más críticos
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CDMX.- Durante el primer trimestre de 2025, México ha registrado un alarmante aumento en los casos de violencia familiar, con un total de 63,544 incidentes reportados, según datos del Semáforo Delictivo.
Cabe precisar que este incremento representa una tendencia preocupante, especialmente en las entidades de Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, que concentran el mayor número de casos.
Cabe precisar que este incremento representa una tendencia preocupante, especialmente en las entidades de Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, que concentran el mayor número de casos.
En enero se documentaron 19,295 casos, cifra que aumentó a 20,684 en febrero y alcanzó los 23,565 en marzo, lo que indica un crecimiento mensual constante. La Ciudad de México lidera con el 13% de los casos nacionales, seguida por el Estado de México con el 10% y Nuevo León con el 7%.
A pesar de estas cifras alarmantes, las políticas públicas en estas entidades han sido insuficientes para abordar la problemática de manera efectiva. Un ejemplo de ello, es que en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada ha apostado por un gabinete con perspectiva feminista; sin embargo, los casos de violencia familiar han aumentado un 40% en los primeros seis meses del año, según el Semáforo Delictivo.
Mientras que en el Estado de México, la situación es igualmente preocupante. Aunque no se han implementado políticas públicas relevantes para combatir la violencia familiar, la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez ha reconocido la necesidad de acciones más contundentes para proteger a las víctimas y prevenir estos delitos.
Nuevo León, por su parte, ha estado en semáforo rojo por violencia familiar durante más de una década. En 2024, se registraron 17,959 casos, siendo este delito el más reportado en el estado. El gobernador Samuel García ha enfrentado retos políticos que han obstaculizado la implementación de políticas efectivas, incluyendo enfrentamientos con el Congreso estatal que han puesto en riesgo los presupuestos destinados a programas sociales.
Por tal razón que la falta de políticas públicas adecuadas en estas entidades proyecta una omisión grave en la protección de los derechos de las víctimas de violencia familiar. Es imperativo que los gobiernos estatales y federal implementen estrategias integrales que incluyan prevención, atención y sanción para erradicar este flagelo que afecta a miles de familias mexicanas.
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.