Serán obligatorias pruebas de control de confianza para elementos de seguridad privada

El Congreso de Tamaulipas considera necesario y urgente que las más de 150 empresas de seguridad privada que operan en Tamaulipas sometan a exámenes obligatorios de control de confianza a cada uno de sus elementos para que puedan trabajar, de lo contrario habrá sanciones para quienes incumplan con la disposición.

De este modo, se dio luz verde a la iniciativa propuesta por la Comisión de Seguridad Pública para reformar la Ley de Seguridad Pública en donde se considera que dicho examen debe ser un requisito fundamental para quienes brindan protección a particulares.

La iniciativa de ley fue presentada ante la Diputación Permanente, por la diputada Consuelo Lara Monroy, de Morena, para reforzar la obligación de las empresas de que todo su personal operativo acredite los exámenes de Evaluación y Control de Confianza.

Además, la reforma también establece que estas empresas privadas tengan que informar puntualmente de las altas y bajas de sus elementos.

La medida permitirá que haya un control sobre el personal que en estos momentos realizan labores de vigilancia a diversas compañías, instituciones educativas, entre otros establecimientos.

En entrevista, precisó que es necesario tener información sobre quiénes forman parte de las compañías de seguridad privada, las cuales regula la SSP a través de un padrón.

El dictamen fue aprobado por la Diputación Permanente, sin embargo, todavía se requiere el voto de los 36 diputados locales que conforman el pleno del Congreso local.

Lara Monroy señaló que con la reforma se busca que las instituciones de seguridad privada cuenten con personal operativo competente, confiable, alejado de la corrupción y con una visión de servicio.

De esa manera, las empresas estarán obligadas a acreditar las evaluaciones de control de confianza, ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), como lo hacen todos los aspirantes a ingresar a las corporaciones policiales e instituciones de procuración de justicia.

También a informar al mismo C3, dentro de los primeros cinco días de cada mes, las altas y bajas del personal operativo, así como cualquier tipo de sanción o suspensión en el servicio, con motivo de algún incumplimiento a los principios de actuación y desempeño que establece la Ley de Seguridad.

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