Se defienden los juzgadores
Cansados de la campaña de desprestigio del presidente López Obrador para lograr la Reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF) que busca la elección a través del voto popular de jueces, magistrados y ministros, varios juzgadores han levantado la voz al señalar que los casos de corrupción se han atendido conforme a derecho, entre los que se encuentra la magistrada Nadia Villanueva Vázquez, quien habló de los ilícitos cometidos por los hijos del presidente de la república durante el foro celebrado el jueves pasado en Xalapa, Veracruz.
Villanueva Vázquez dijo que los hijos de López Obrador se han visto involucrados en casos de corrupción, tráfico de influencia, entre otros ilícitos, cuya denuncia de inmediato fue recriminada por el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien retó a la juzgadora a denunciarlos formalmente para aplicar la ley.
También la directora general de Apoyo a Personas Juzgadoras de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Ana Luisa Mendoza Álvarez, aseveró que los integrantes del PJF han sido víctimas de calumnias, amenazas e intimidación mediante la agresión verbal y de odio por parte de López Obrador.
Mendoza Álvarez negó en forma categórica que los mil 700 juzgadores que hay en el país sean corruptos, además aseveró en forma textual: “es falso que representemos élites o seamos conservadores”, como afirma reiteradamente López Obrador en sus conferencias mañaneras.
Y agregó: “la campaña de desprestigio se debe por no ceder a las exigencias de subordinación y valiéndose de la posición del partido mayoritario”, en clara referencia de Morena, “han amagado con la destitución masiva de jueces y magistrados”.
En el marco del “Día del Abogado”, el magistrado del Segundo Tribunal en Materia Laboral, Mauricio Barajas Villa, anunció que se analizan diversas vías legales para impedir la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión, debido a que con el 52% de la votación pretende, junto con sus aliados, obtener el 70% de las curules.
En respuesta, el todavía coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que no aceptarán chantajes ni amenazas en la discusión de la Reforma del PJF.
Reconoció que no todos son corruptos, que hay jueces y magistrados honorables que podrán ir a la elección y confirmar su puesto, si la población así lo determina a través del voto popular.
Y es precisamente este último punto a que hace referencia Monreal Ávila el meollo del asunto porque los jueces y magistrados cumplen con la ley y no buscan ser populares, puesto que casi siempre sus decisiones conforme a derecho nunca dejan satisfechos a la mayoría.
A propósito, un claro ejemplo de ello se acaba de dar luego de que los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPJF) resolvieron que López Obrador coaccionó el voto y utilizó en forma indebida los programas sociales durante la campaña presidencial, cuya decisión causó la ira del político tabasqueño.
Y como era de esperarse, López Obrador se fue en contra de las y de los magistrados del TEPJF porque, según él, obedecen a intereses de los conservadores, pero en realidad se trata de una decisión que vale la pena destacar porque cumplieron con las leyes electorales, incluso debieron de actuar antes para garantizar la equidad durante la contienda presidencial.
Cabe señalar, que el político tabasqueño puede impugnar la decisión de la Sala Superior del TEPJF, pero en caso de que no proceda, quedará en el “cuadro de honor” de los presidentes que manipularon el voto, como ocurrió con Vicente Fox Quesada en la elección presidencial del 2006.
Y seguramente así será porque en caso de que presente un recurso de impugnación será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien simplemente ratificará la decisión de la Sala Superior del TEPJF.
Por otra parte, pero sin dejar el tema de la TEPJF, la Sala Superior ratificó la anulación del triunfo de Luis Alberto Carballo Gutiérrez como diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por ser deudor alimentario desde que fue postulado en el distrito 23 del Estado de México.
Carballo Gutiérrez desde que solicitó su registro como candidato a la diputación federal ya estaba en el Padrón de Personas Morosas, pero no lo interesó hasta que el TEPJF procedió en contra de él, incluso ni siquiera la dirigencia nacional y estatal del PVEM intervino para corregir está omisión que le costó la curul en la Cámara de Diputados.
Y aunque él PVEM y Carballo Gutiérrez presentaron pruebas de que ya estaba al corriente de sus obligaciones alimentarias de sus hijos, la Sala Superior del TEPJF mantuvo su decisión de quitarle la diputación federal y convocar a su suplente para que asuma la curul correspondiente.
De regreso al tema de que los juzgadores asumieron su defensa cansados de la campaña de desprestigio e intimidación por parte de López Obrador para lograr la reforma del PJF, no hay duda de que recurrirán a todos los medios legales para salga adelante la iniciativa que se discute en los foros organizador por la Cámara de Diputados.
Si bien es cierto que obtuvieron la mayoría en la elección del pasado 2 de junio, resulta nocivo que se pretenda acabar con la carrera judicial e implementar la elección del voto popular, puesto que llegarán los más populares, pero no los más capaces para aplicar las leyes que nos rigen.
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