Denuncia la UAT a exgobernador y exfuncionarios de gobierno
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, (UAT) denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gerardo Peña Flores, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa y al ex rector de esa casa de estudios, Guillermo Mendoza Cavazos, de ejercicio ilícito de servicio público, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, más lo que resulten.
En rueda de prensa ofrecida esta tarde en el Lobby del Teatro Juárez, encabezada por José Carlos Mora García, abogado general de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se dieron a conocer los antecedentes, detallando que en el 2016 se suscribió un convenio por parte del ejecutivo federal con el gobierno del estado y la UAT a fin de proporcionar un subsidio para que la máxima casa de estudios cumpliera con sus funciones académicas.
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En ese sentido detalló que en el ejercicio fiscal 2022 la SEP y el gobierno estatal aportarían a la UAT 4 mil 122 millones, 429 mil 6 pesos.
El gobierno estatal aportaría mil 650 millones 739 mil 222 pesos, añadió que el 19 de abril el entonces rector, Guillermo Mendoza Cavazos, solicitó a Francisco García Cabeza de Vaca la donación de un inmueble en el municipio de Reynosa para la construcción de un campus universitario y a esa fecha el rector debía a la UAT 191 millones, 773 mil 49 pesos.
El abogado general de la UAT, dio a conocer que fue instruido por el actual rector, _Damaso Anaya Alvarado para dar el posicionamiento derivado del proceso de entrega recepción tras la renuncia a la rectoría de Guillermo Mendoza Cavazos y luego de un proceso electoral en el que se eligió a Anaya Alvarado.
En la rueda de prensa, donde no se permitió realizar preguntas, mencionó que en el proceso entrega-recepcion se encontraron una serie de inconsistencias delicadas y graves que afectan el patrimonio de la UAT por alrededor de 180 millones de pesos, la que consiste en base al subsidio del gobierno del estado que fue entregado a través de un convenio macro que determina las cantidades que deben ser entregados tanto por el gobierno federal como estatal.
Explicó que se encontró una parte importante de las participaciones que corresponden al gobierno del estado entregar a la Universidad, que no fueron entregadas, lo que implica un daño patrimonial importante porque muchas de las funciones que la máxima casa de estudios tiene encomendada no pueden realizarse en virtud de la carencia de los recursos fundamentales; para la academia, la investigación y la divulgación de la cultura y la ciencia.
El mecanismo que se utilizó para tal efecto de consumar lo que se pudiera llamar peculado en perjuicio de la universidad fue a través de la simulación de una parte importante de los recursos que no fueron entregado y se consumaría en un contrato de dación en pago, que consiste en que el acreedor puede recibir como pago un bien distinto del recurso económico que el corresponde para el ejercicio de sus funciones, totalmente ilegal porque en las entidades públicas no corresponde dicho contrato y aplica solamente a los particulares. Los subsidios que tanto el gobierno federal como estatal están obligados a entregar a la universidad no constituyen créditos constituyen asignaciones presupuestales.
Detalló que el bien que fue objeto es un inmueble valorado en 16 millones de pesos pero se le asignó un monto por 180 millones de pesos, existiendo una diferencia aproximada a los 160 millones de pesos que afectan profundamente al patrimonio universitario.
Destacó que hay una diversidad de actos ilícitos cometidos por funcionarios del gobierno panista y de la misma Universidad Autónoma de Tamaulipas, motivo por el que ya existe una denuncia presentada en la Fiscalía General de Justicia pero no se pueden proporcionar los nombres de las personas debido al proceso, “esta involucrados altos funcionarios del gobierno estatal y de la UAT, derivado de este peculado que afecta al patrimonio.
Finalmente, añadió que hay otros incidentes que también tendrán que ser objeto de investigación detallada y muy concreta porque hay otros recursos adicionales a las participaciones que le corresponden a la universidad, derivadas del convenio de presupuesto de egresos universitario que pudieran ascender a los 500 millones de pesos.
