Corrupción y abuso institucional frenan el desarrollo democrático

La historia política de América Latina ha demostrado, en múltiples ocasiones, que el desarrollo económico y la estabilidad social no dependen exclusivamente de los recursos naturales, de la ubicación geográfica o incluso del tamaño del mercado interno de un país. En buena medida, el verdadero motor del progreso se encuentra en la calidad ética de sus instituciones públicas. Cuando un gobierno reduce la corrupción y administra con honestidad los recursos públicos, el impacto puede transformar radicalmente la realidad social de una nación. El ejemplo más claro y vigente que suele citarse con mayor frecuencia en los debates públicos es el caso de El Salvador, un país que durante décadas fue sinónimo de violencia estructural, crisis institucional y migración forzada, pero que en los últimos años ha experimentado un giro político que ha modificado la percepción internacional sobre su seguridad y gobernabilidad.

El fenómeno salvadoreño ha generado un intenso debate en el ámbito político y académico. Por un lado, hay quienes sostienen que el gobierno de Nayib Bukele ha logrado recuperar el control del Estado frente a las estructuras criminales que durante décadas dominaron barrios enteros y condicionaron la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Por otro lado, diversos organismos internacionales han advertido que algunas de las medidas adoptadas por ese gobierno podrían implicar tensiones con el sistema internacional de derechos humanos. Este debate es particularmente relevante cuando se observa desde la perspectiva mexicana, donde la discusión sobre seguridad, corrupción y abuso de poder sigue siendo una de las preocupaciones centrales de la vida pública.

Desde la sociología jurídica, autores como Max Weber han sostenido que el Estado moderno se legitima cuando monopoliza el uso legítimo de la fuerza y cuando sus instituciones operan bajo principios racionales de legalidad. Cuando esa legalidad se erosiona por prácticas sistemáticas de corrupción o por el uso arbitrario del poder, el resultado es una crisis de legitimidad institucional. México ha enfrentado ese dilema durante décadas. El país cuenta con una arquitectura constitucional robusta, con un amplio catálogo de derechos humanos incorporado a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 y con una red de tratados internacionales que obligan al Estado a respetar estándares democráticos. Sin embargo, la distancia entre la norma jurídica y la práctica institucional sigue siendo uno de los mayores retos del sistema político mexicano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo primero que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este precepto debe respetarse y no quedar en el discurso público. Representa la base de un modelo constitucional que busca limitar el poder público mediante la ley y garantizar que los derechos fundamentales sean el eje de la actuación gubernamental. Sin embargo, cuando los servidores públicos desconocen la ley, o peor aún, la utilizan como instrumento de intimidación política, el resultado es una distorsión profunda del Estado de derecho.

LA CONFIGURACIÓN ERRÓNEA DEL DELITO PARA INHIBIR A LA PRENSA

En los últimos años se ha observado un fenómeno preocupante en distintos ámbitos del gobierno mexicano: el uso de mecanismos legales para inhibir la crítica pública. En teoría, el sistema jurídico contempla figuras como el acoso, la violencia de género o el acecho para proteger a las personas frente a conductas que vulneran su integridad. Estas figuras son indispensables en un Estado democrático que busca erradicar la violencia estructural. No obstante, cuando tales instrumentos se utilizan para intentar silenciar la labor periodística o la crítica ciudadana, se produce una desviación de poder que erosiona la confianza en las instituciones.

El periodismo, en cualquier democracia, cumple una función esencial de vigilancia pública. La libertad de expresión y el derecho a la información no son privilegios corporativos de los medios de comunicación, sino derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Sin ella, la posibilidad de fiscalizar a los gobiernos se reduce drásticamente.

Cuando un servidor público reacciona ante una pregunta periodística con denuncias penales infundadas o con acusaciones que buscan intimidar a quienes ejercen la labor informativa, se produce una inversión peligrosa de los principios democráticos. El funcionario deja de actuar como un representante del interés público y comienza a comportarse como un actor político que busca protegerse de la rendición de cuentas. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero en el contexto nacional adquiere una gravedad particular debido a los altos niveles de violencia que históricamente han enfrentado los periodistas.

La sociología del poder desarrollada por Michel Foucault permite comprender este tipo de dinámicas. El poder no se ejerce únicamente a través de la fuerza física o la coerción directa; también se manifiesta mediante mecanismos institucionales que disciplinan la conducta social. Cuando la ley se utiliza de manera selectiva para intimidar o neutralizar la crítica pública, se convierte en un instrumento de control político más que en una herramienta de justicia.

En este sentido, el problema de la corrupción adquiere una dimensión estructural. No se trata únicamente de sobornos o desvíos de recursos, sino de un sistema de relaciones informales que permite a ciertos grupos acceder al poder público sin contar con la preparación técnica necesaria para ejercerlo. El nepotismo, el compadrazgo y el tráfico de influencias han sido históricamente parte de la cultura política mexicana. Estas prácticas generan administraciones públicas donde la lealtad política pesa más que la capacidad profesional.

El impacto de esta lógica es visible en la operación cotidiana de muchas instituciones. Personas que hasta hace poco desempeñaban labores administrativas menores pueden convertirse repentinamente en funcionarios con amplias facultades de decisión, sin haber recibido la capacitación jurídica o administrativa necesaria. La consecuencia inevitable es el ejercicio arbitrario del poder. En lugar de servidores públicos conscientes de sus obligaciones legales, surgen burócratas que interpretan el cargo como un símbolo de autoridad personal.

Si se compara esta situación con los cambios que se observan en El Salvador, la discusión adquiere un matiz interesante. Más allá de las controversias políticas que rodean al gobierno salvadoreño, una parte significativa de la población percibe que el Estado ha recuperado la capacidad de gobernar territorios que durante años estuvieron dominados por estructuras criminales. Esa percepción de control institucional ha tenido efectos tangibles en la seguridad pública y en la vida económica del país.

Sin embargo, la experiencia salvadoreña también deja incógnitas complejas sobre los límites entre seguridad y derechos humanos. El reto para cualquier democracia consiste en encontrar un equilibrio entre la eficacia del Estado y el respeto irrestricto a las garantías individuales. México, al haber incorporado a su Constitución un amplio sistema de protección de derechos humanos, está obligado a construir soluciones que no sacrifiquen los principios democráticos en nombre de la seguridad.

La teoría del control social, desarrollada por sociólogos como Travis Hirschi, sugiere que la estabilidad de una sociedad depende del grado de compromiso que los individuos mantienen con sus instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que el gobierno actúa con integridad, aumenta la confianza social y disminuyen las conductas antisociales. Pero cuando la corrupción y el abuso de poder se vuelven prácticas recurrentes, la legitimidad institucional se deteriora y las normas sociales pierden fuerza.

MÉXICO FRENTE A LA CORRUPCIÓN

En el caso de nuestro país, la percepción de corrupción ha sido uno de los factores que más ha afectado la confianza pública en las autoridades. Durante décadas, distintos gobiernos prometieron erradicar las prácticas del pasado. Sin embargo, cada nuevo ciclo político ha terminado reproduciendo algunos de los mismos vicios que pretendía combatir. El riesgo de esta dinámica es que la ciudadanía comience a asumir que la corrupción es un componente inevitable del sistema político.

El actual escenario político mexicano y con miras a las elección del 2027 enfrenta precisamente ese reto. El discurso de transformación que impulsó el ascenso de un nuevo proyecto político al poder prometía romper con las prácticas tradicionales del viejo régimen. No obstante, los escándalos de corrupción, las acusaciones de vínculos con estructuras criminales y los conflictos con organismos autónomos han comenzado a generar dudas sobre la capacidad real de esa transformación para consolidar un nuevo modelo institucional.

Si la administración pública continúa tolerando el nepotismo, el tráfico de influencias y el uso arbitrario de las leyes para silenciar críticas, el desgaste político será inevitable. La historia del sistema político mexicano muestra que los partidos que pierden su legitimidad moral terminan enfrentando un proceso gradual de debilitamiento electoral y social.

Frente a este panorama, la profesionalización del servicio público se vuelve una necesidad urgente. Un Estado moderno requiere funcionarios que comprendan la ley, que respeten los derechos humanos y que entiendan que el poder público no es un privilegio personal, sino una responsabilidad colectiva. La ética pública no puede depender únicamente de discursos políticos; debe traducirse en mecanismos institucionales que garanticen transparencia, rendición de cuentas y capacitación permanente.

Y próximos a las elección del 2027, el futuro democrático de México dependerá de la capacidad de sus instituciones para recuperar la confianza ciudadana. Esa confianza solo puede construirse mediante un ejercicio del poder basado en la legalidad, la responsabilidad social y el respeto irrestricto a la libertad de expresión. La historia demuestra que cuando los gobiernos comprenden esta premisa, las sociedades encuentran caminos hacia el desarrollo sostenible. Cuando la ignoran, el resultado inevitable es el deterioro institucional que tarde o temprano termina alcanzando a quienes lo provocaron.

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