PRI se pronuncia por investigar corrupción y sueldos elevados en el IMSS de Tamaulipas
El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, criticó los elevados salarios que presuntamente perciben el delegado del IMSS en el estado, José Luis Aranza Aguilar y personal cercano, mientras persisten carencias en servicios médicos, desabasto de medicamentos y deficiencias administrativas.
Díaz Lara señaló que la capacidad administrativa del instituto está en entredicho, particularmente en el manejo de pensiones, donde se han detectado modificaciones irregulares para alcanzar topes salariales.
“Es lamentable que se afecte a quienes cumplen con los requisitos para obtener una pensión, mientras funcionarios se benefician de prácticas cuestionables”, expresó.
El dirigente priista recordó que el primer acto de corrupción de un funcionario es ocupar un cargo para el cual no está capacitado, y subrayó que el IMSS en Tamaulipas ya fue protagonista de un escándalo nacional el año pasado cuando el delegado fue detenido mientras transitaba por las calles de Victoria y durante la revisión se le encontró arma de fuego y una fuerte cantidad de dinero.
“El tema de la salud no puede manejarse deficientemente, porque está en juego la vida de los derechohabientes”, advirtió.
Asimismo, cuestionó que el delegado del IMSS gane casi lo mismo que la presidenta de la República, lo cual consideró “inaceptable” frente a la precariedad de los servicios. “La función pública debe estar acorde al servicio que se presta. Si la institución no cumple, los sueldos altos son un insulto”, afirmó.
Díaz Lara acusó a Morena de incumplir su promesa de acabar con la corrupción, pues ésta persiste en instituciones clave como el IMSS. “Los funcionarios deberían preguntar directamente a los derechohabientes sobre el estado real de la institución. Ahí encontrarán la mejor respuesta sobre su funcionamiento”, señaló.
Por último, el PRI Tamaulipas reiteró que la salud pública debe ser prioridad y que los recursos deben destinarse a mejorar la atención médica, no a mantener privilegios salariales de funcionarios
