“DIÁSPORAS MIGRANTES, DEPORTACIONES Y REMESAS”

La actual fase de endurecimiento migratorio en Estados Unidos —caracterizada por el sellado de la frontera sur, el despliegue ampliado de tropas de control migratorio en “ciudades santuario” y el objetivo político de deportar hasta un millón de personas indocumentadas al año bajo la narrativa de “criminalización”— reconfigura de manera profunda el escenario para la migración mexicana.

La combinación de redadas interiorizadas, incremento del personal de control migratorio y priorización de deportaciones expeditas desde el interior implica un giro: el riesgo ya no se concentra solo en el cruce fronterizo, sino en la vida cotidiana del migrante asentado de largo plazo, con familia y empleo.

En los primeros 12 meses del actual gobierno de Donald Trump, las deportaciones han seguido un patrón concentrado por diásporas: cerca de 6 de cada 10 personas removidas son de origen mexicano, seguidas por nacionales de Guatemala (alrededor de 17%) y Honduras (10%), mientras que El Salvador ronda el 5%.

En conjunto, México y el Triángulo Norte concentran más de 9 de cada 10 remociones, lo que refleja una continuidad histórica, pero con matices: disminuye ligeramente la proporción relativa de mexicanos y salvadoreños, mientras aumenta la de guatemaltecos y hondureños.

A la par, se registra un crecimiento en deportaciones hacia otras diásporas, como haitianos y algunas comunidades asiáticas, aunque todavía representan una fracción menor del total.

Este patrón por origen evidencia que la “cruzada” actual no es solo fronteriza, sino selectiva por nacionalidades y regiones, reforzando la vulnerabilidad específica de comunidades mexicanas y centroamericanas asentadas en Estados Unidos.

En este contexto, la experiencia comparada desde los gobiernos de Clinton, Obama, Trump, Biden y la actual segunda administración de Trump, muestra la consolidación de un modelo de “deportación como gestión estructural” más que como política excepcional.

Bajo Obama, el volumen anual de remociones alcanzó máximos históricos y se sofisticó la infraestructura de control biométrico y cooperación local.

Con Trump se reforzó el discurso de enemigo interno y se amplió la discrecionalidad de agentes en el terreno; en la fase actual, el énfasis se coloca en la masificación de operativos en barrios, centros de trabajo y espacios públicos, con un salto cuantitativo en efectivos y capacidades operativas.

El resultado es una ola continua de retornos forzados y “autodeportaciones silenciosas” (salida voluntaria por miedo), que se traduce en la ruptura de trayectorias laborales y en un potencial descenso del envío de remesas.

Para México el riesgo central no es solo humanitario, sino macroeconómico y territorial: la caída de remesas impactaría especialmente a regiones expulsoras con baja diversificación productiva, alta dependencia de estos flujos y escasas alternativas de empleo formal.

Proyecciones recientes estiman que, de mantenerse el ritmo actual de deportaciones y la menor llegada de nuevos migrantes, las remesas podrían caer en torno a 5–13% hacia 2025–2026.

La disminución en el ingreso de los hogares puede amplificar círculos de pobreza, sobreendeudamiento y violencia local, así como incentivar nuevas formas de movilidad irregular hacia otros destinos. Por ello, la respuesta no puede limitarse a una política consular reactiva ni a programas asistencialistas de retorno; se requiere una estrategia proactiva de gestión de movilidad laboral.

En este marco, la ampliación y uso inteligente de los programas de visas temporales H2A (agrícola) y H2B (no agrícola) se vuelve una pieza estratégica.

A corto plazo, la prioridad debe ser negociar con Washington cuotas ampliadas y más estables para trabajadores mexicanos, con criterios de distribución regional y sectorial que favorezcan estados de alta expulsión.

Ello implica pasar del enfoque individual y disperso a esquemas de reclutamiento organizado, supervisado por el Estado mexicano, que reduzcan la intermediación abusiva y mejoren las condiciones laborales.

Al mismo tiempo, México puede impulsar mecanismos de certificación de competencias técnicas, agrícolas y de oficios que eleven el valor negociado de la mano de obra mexicana, posicionándola mejor en estos nichos formales frente a otros países competidores.

A mediano plazo, la estrategia propositiva requiere articular tres líneas: primero, una política exterior activa que coloque en la agenda bilateral la movilidad laboral ordenada como instrumento de estabilidad económica y de seguridad compartida, no solo como asunto migratorio; segundo, programas de reinserción productiva para deportados con apoyo en crédito, capacitación y reconocimiento de habilidades adquiridas en Estados Unidos, aprovechando su capital humano y social; tercero, un uso más sofisticado de las remesas mediante instrumentos de inclusión financiera, ahorro y coinversión local (esquemas tipo 3×1 renovados, bonos comunitarios, fondos de garantía) que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades a choques en los flujos.

En síntesis, ante un ciclo de deportaciones intensificadas y el riesgo de caída en remesas, México debe transitar de una lógica de contención y emergencia a una política integral de movilidad laboral y desarrollo territorial.

El eje propositivo es claro: convertir parte de la migración hoy criminalizada en movilidad temporal regulada, blindar los ingresos de los hogares vía mayor formalización y bancarización de remesas y, sobre todo, aprovechar la coyuntura para replantear con Estados Unidos un marco estable de cooperación laboral que reconozca que la economía norteamericana seguirá necesitando mano de obra mexicana, y que gestionarla con derechos es más eficaz que perseguirla.