Altamira aprueba obra millonaria mientras aflora un adeudo que nadie quiso ver

Ciudad Altamira, Tamps.- La trigésima sesión ordinaria de Cabildo, celebrada este lunes 19 de enero de 2026 en el complejo CIMA, dejó una imagen cuidadosamente construida de modernidad, planeación y ambición urbana. Bajo ese escenario, el Ayuntamiento de Altamira aprobó por mayoría una inversión superior a 255 millones de pesos para la tercera y cuarta etapa del Centro Integral Multidisciplinario Altamira, una obra que el gobierno municipal presenta como el emblema físico de su administración.

Pero detrás del discurso técnico, de los procesos y de la narrativa del “pensar en grande”, surgió un tema que incomodó al pleno y rompió la unanimidad: la falta de pago de una empresa ganadora de la licitación a una contratista de mano de obra local, pese a que el municipio ha cumplido puntualmente con la erogación de recursos públicos.

El señalamiento provino del regidor panista Félix Guillu Meraz, quien optó por abstenerse de la votación y dejar constancia pública de una preocupación que fue más allá de la obra en sí. “Yo no puedo aprobar algo con solamente la mitad de una hoja, cuando no sé exactamente qué voy a aprobar. Estoy aquí para cuidar el recurso y para que no se le quede a deber a compañías locales”, sostuvo desde su curul.

Guillu precisó que su postura no obedecía a un rechazo al desarrollo del municipio ni a una desconfianza personal hacia el alcalde. Por el contrario, reconoció la puntualidad del Ayuntamiento en los pagos, pero expuso una contradicción de fondo: el dinero sí sale del erario, pero no necesariamente llega a quienes ejecutan el trabajo en campo. De manera extraoficial, se habló de un adeudo superior a 600 mil pesos, una cifra que contrasta con la narrativa de orden administrativo que el gobierno municipal ha promovido desde el inicio del trienio.

El planteamiento obligó al alcalde Armando Martínez Manríquez a intervenir directamente. Lejos de desmentir el señalamiento, confirmó que el tema es conocido por la administración. “Sí tengo conocimiento y exhorto al regidor a que haga la petición ante la Contraloría Municipal”, respondió el edil, trasladando el conflicto al terreno de la fiscalización interna y marcando una línea: el Cabildo aprueba, pero los problemas contractuales se resuelven fuera del pleno.

Martínez Manríquez defendió con vehemencia el modelo de licitación pública nacional que rige la obra, subrayando que se trata de procesos abiertos, transparentes y sujetos a la ley. “Aquí no hay nada abajo de la mesa. Todo es público, se publica en el Periódico Oficial y en la página de transparencia”, afirmó, recordando que en etapas anteriores incluso se lograron ahorros millonarios respecto al presupuesto base.

No obstante, el intercambio dejó al descubierto una tensión: la legalidad del procedimiento no garantiza, por sí sola, justicia económica para los proveedores locales. Mientras el alcalde detallaba fianzas, afianzadoras, juntas de aclaraciones y catálogos de conceptos, el punto central permanecía intacto: una empresa con contrato vigente no ha cumplido sus obligaciones con quienes aportan la mano de obra.

Guillu insistió en que su intención es acompañar el proceso y vigilarlo de cerca. “Como gobierno no vamos a permitir que vengan compañías y le queden a deber a empresas locales. Por eso quiero estar cerca y cuidar cómo se hacen las cosas”, recalcó, dejando claro que su abstención no fue un acto simbólico, sino una advertencia política y administrativa.

El contraste fue evidente. En la misma sesión donde se habló de paneles solares, sistemas de climatización industrial, elevadores de alta capacidad y una visión de ciudad de “primer nivel”, el debate sobre rendición de cuentas concreta y verificable quedó encapsulado en un exhorto a la Contraloría. No hubo plazos, no hubo sanciones anunciadas, no hubo un compromiso público de resolución inmediata.

La votación cerró con mayoría a favor y una sola abstención. El proyecto CIMA siguió su curso sin sobresaltos formales. El adeudo, en cambio, quedó flotando como un recordatorio incómodo de que la transparencia no se mide sólo en licitaciones publicadas, sino en pagos efectivamente cumplidos.

En Altamira, la obra avanza con paso firme y discurso grandilocuente. La rendición de cuentas, al menos para algunos proveedores locales, sigue esperando que alguien la baje del plano retórico al terreno de los hechos.